Los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado, señalaron que el mandatario entregó las contraseñas de los celulares que las autoridades judiciales le decomisaron durante el allanamiento a Casa Presidencial por el caso UPAD, en febrero del 2020, pero estas no fueron anotadas en el acta de secuestro.

Según los defensores Róger Guevara Vega y Rodolfo Brenes Vargas, desconocen por qué no se consignaron los datos en el acta de secuestro del allanamiento.

El 28 de febrero del 2020, la Fiscalía allanó la Casa Presidencial como parte de la investigación para determinar si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) accedió a información confidencial de los habitantes.

Ese día, las autoridades judiciales le confiscaron a Alvarado dos teléfonos, la computadora y un par de llaves mayas.

“En el momento en que se entregaron los teléfonos, se pidieron las claves para desbloquearlos y sacar el número de IMEI. El presidente las manifestó de forma verbal en ese mismo acto”, relataron los defensores.

El número de IMEI es un código que posee cada teléfono móvil y que identifica al aparato, de forma exclusiva, a nivel mundial.

“Esto se realizó ante los cinco magistrados de la Sala III, la fiscala general (Emilia Navas), miembros del OIJ y el abogado Róger Guevara”, continuaron los abogados sobre lo sucedido en febrero del 2020.

“Las claves fueron suministradas verbalmente, pero no fueron anotadas en el acta de secuestro (...). Por eso, se solicitaron nuevamente durante la audiencia de apertura (de la prueba) del pasado mes de enero y el presidente, a través de sus abogados, las brindó”.

“Según el acta de secuestro, las claves se utilizaron para desbloquear los celulares y obtener el número de IMEI, y no fueron anotadas en el acta y, por ello, fueron requeridas durante las diligencias de apertura. No sabemos por qué motivo no se anotaron en el acta”.

El 11 de enero del 2021, más de diez meses después de esa diligencia judicial, las contraseñas le fueron solicitadas de nuevo al mandatario, cuando empezó el proceso de apertura y extracción del material decomisado.

En esa audiencia, de nuevo, las claves fueron suministradas verbalmente

Fue por eso que el 10 de febrero, durante una comparecencia en el plenario legislativo, el diputado independiente Dragos Dolanescu le preguntó a Alvarado si era cierto que se le habían olvidado las claves de los celulares y le mencionó una clave en específico, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6.

El mandatario le respondió al legislador que esa interrogante demostraba que él le había preguntado con mala fe, pues ya conocía la clave de uno de sus teléfonos.

Además, el gobernante explicó que, cuando él le entregó los teléfonos al OIJ, en febrero del 2020, les suministró las claves y que, luego, los abogados le indicaron que la Policía Judicial no había trasladado las claves y que se requerían.

El mandatario comentó que había entregado una que recordaba bien y que, del otro teléfono, no precisaba la clave, por lo que entregó cuatro opciones.

La Nación consultó al Poder Judicial el porqué las claves no fueron anotadas en el acta de secuestro, pero la oficina de Prensa de la entidad respondió que no se referirán al respecto porque el caso se encuentra en indagación.

“Al encontrarse la causa 20-005434-0042-PE, en etapa de investigación, de acuerdo al numeral 295 del Código Procesal Penal, la misma es privada. Por lo tanto, la Sala de Casación (Sala III) no podría brindar información a terceros que no forman parte del proceso”, expresaron.

¿Qué tan usual es que, durante un allanamiento, un investigado proporcione un dato y luego este no aparezca en el acta de secuestro?

La fiscala adjunta de la Fiscalía General, Greysa Barrientos, afirmó que no podía referirse a la causa de la UPAD, puesto que no conoce ningún detalle del caso.

Sin embargo, explicó que, en los allanamientos, un juez es el encargado de levantar e ir llenando el acta de secuestro. Posteriormente, dicha acta será agregada al expediente del caso.

“El juez hace un acta donde notifica a la persona que está siendo allanada y, eventualmente, siendo decomisados sus objetos; en esta, además de notificarlo (a la persona), se escribe todo lo que está sucediendo en ese acto”, explicó la funcionaria judicial.

“Estamos hablando de una situación totalmente hipotética porque, repito, este caso no lo conozco. Siempre que una persona hace una manifestación, el juez tiene la obligación de hacerla constar, sobre todo porque el juez no puede decirle ‘yo no lo voy a hacer constar’. El juez no puede hacer eso”.

“Si yo lo digo y no me lo pone en el acta, eso iría en contra. Es un juez de garantía el que tiene que estar ahí verificando. Es muy extraño que eso suceda porque uno verifica, inclusive, el hecho de que el juez lo esté consignando así”, señaló la fiscala.

¿Información filtrada?

Los representantes legales del presidente insisten en que la pregunta planteada por el diputado Dolanescu en el plenario legislativo evidencia la filtración de datos del expediente judicial.

“Lo que sí se evidenció con la interpelación en la Asamblea Legislativa, es que se ha filtrado información del proceso penal, lo que no debería suceder”, alegaron.

Ese mismo día, la Fiscalía General de la República le solicitó al OIJ abrir una investigación penal para determinar cómo se filtraron al público dichos datos.

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Por el caso de la UPAD son investigados el presidente Alvarado; el diputado Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia en el momento del allanamiento; y el entonces viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro.

También son indagados los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como el exasesor legal presidencial, Luis Salazar Muñoz, y la exjefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.