¿Cómo se canalizan las ayudas económicas del Estado a la Iglesia?
Los recursos que obtiene la Fundación para la Restauración de la Catedral (arquidiócesis de San José, que reparte el dinero a los templos) vienen prácticamente, de manera única, al amparo de la Ley N.° 7.266. Esa ley permite a las sociedades mercantiles de la empresa privada (e instituciones públicas), por una sola vez, hacer una contribución o una donación del monto destinado al pago del impuesto de la renta. Es por una sola vez en la vía jurídica; es decir, hacen esa contribución y ya no la hacen más. Ellos (los contribuyentes) escogen un templo que les interese para contribuir en su restauración.
¿Cómo nació esto?
A través de una ley del año 1991, con motivo del terremoto de Limón.
Eso pasó hace 23 años...
Casi el 85% de las edificaciones declaradas patrimonio son templos católicos y, obviamente, que el presupuesto del Ministerio de Cultura es bajo para ese tipo de restauraciones. La Ley N.° 7.266 se ha visto como una contribución de la empresa privada a la restauración de templos católicos emblemáticos del país, como Coronado, San Rafael de Heredia, la basílica, la Merced, la catedral. Todo esto conlleva en el tiempo un mantenimiento de la restauración, que es cara.
¿Quién define prioridades?
En la Comisión de Hacendarios del Congreso (las donaciones descontadas del impuesto de renta son aprobados en el Presupuesto). Cualquier diputado de la Comisión de Hacendarios puede indicar como es que se gestiona. La Ley N.° 7.266 la impulsaron Rolando Laclé (PUSC) y Alejandro Soto (PLN) y fue aprobada por unanimidad en la Asamblea. Hay una voluntad del soberano de apoyar una ley de este tipo. En el caso de la Fundación, se recibió una de ¢200 millones hace más de 10 años, una contribución de Japdeva gestionada por una asociación para la restauración de la catedral de Limón.