Si bien cada parte señaló sus prioridades y exigió acciones al otro, el presidente Luis Guillermo Solís y la alianza de oposición del Congreso coincidieron en la urgencia de impulsar cinco propuestas de contención de gasto, mejora en recaudación y obra pública durante el tercer año de gestión que recién inicia.
El contenido de 5 de los 17 proyectos de ley que Solís pidió impulsar a los diputados fue incluido en el acuerdo que permitió a siete partidos opositores otorgar la presidencia legislativa a Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional (PLN), el pasado 1.° de mayo. Estas son las cinco coincidencias:
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Fraude fiscal
-Comparten la urgencia de aprobar el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal, el cual permitiría a la Dirección de Tributación cobrar y ejecutar embargos de bienes y recursos a los contribuyentes morosos, mediante la orden de un juez.
-El plan incluye la creación de un registro de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas, a disposición de Tributación. En este punto, la alianza opositora pide que solo un juez de garantías pueda dar acceso a la información.
Pensiones a cargo del Presupuesto Nacional
-Aunque difieren sobre cuál expediente legislativo aprobar, ambas partes coinciden en la idea de meterle bisturí a los regímenes de pensiones con cargo del Presupuesto Nacional, excluyendo al del Magisterio Nacional.
-Ambos creen que las nuevas pensiones de estos regímenes se deberían calcular con base en el 80% del promedio de los 12 salarios de los últimos 24 meses, en lugar del 100% de ese promedio como ocurre actualmente.
-Apoyan que ninguna nueva jubilación debería superar los ¢3,1 millones y que las pensiones actuales que superen ese monto deberían contribuir, de forma solidaria, con un aporte adicional. Dicho aporte oscilaría entre el 25% y el 75% del excedente sobre ese monto. Mientras más alto sea el excedente, más alta sería la contribución.
-Otro punto donde hay coincidencia es en eliminar la posibilidad de aumentos extraordinarios a las jubilaciones. En su lugar se establecería que las pensiones solo aumentarían con base en la inflación, cuando el Poder Ejecutivo apruebe alzas en los salarios públicos.
-Creen que el Ministerio de Trabajo debería realizar cada dos años, y no de forma anual, un estudio actuarial de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Pensiones de exdiputados
-Pretenden que las jubilaciones de los exdiputados aumenten solo con base en la inflación, en lugar de un 30% anual, como está estipulado actualmente.
-Quieren que esas pensiones solo puedan ser heredadas por hijos de hasta 25 años, siempre y cuando sean solteros y estén estudiando. Actualmente, tienen derecho de por vida los cónyuges y las hijas no casadas.
-El tercer cambio consistiría en establecer un tope máximo a esas pensiones, el cual no podría ser mayor al fijado a los otros regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. En la actualidad no existe tope, algunas alcanzan hasta ¢7,1 millones mensuales.
Anualidades
-Se impondría un tope del 2,54% del salario base al incentivo de anualidad, el cual se paga según el desempeño del funcionario. Hoy, en algunas instituciones, como la Universidad de Costa Rica (UCR), se paga casi el doble, un 5,5%.
-Se trata del proyecto de ley, presentado por el diputado del PUSC, Humberto Vargas, que pretender autorizar al MOPT, al Conavi y al Incofer a constituir fideicomisos con cualquier banco del Estado para el desarrollo de obra pública.
Ese pacto opositor fue suscrito por el PLN, la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y el bloque cristiano-evangélico integrado por Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana.
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Se trata de reformas para contener del gasto público y combatir la evasión fiscal, pues los planes del Gobierno para crear nuevos impuestos y elevar los actuales fueron relegados por la alianza opositora a un segundo plano.