En tres meses, un total de 42 hombres fueron enviados a los tribunales contravencionales por denuncias de acoso sexual callejero presentadas por mujeres.
Ese es el resultado luego de que, a mediados de noviembre pasado, la Fuerza Pública oficializó el uso de un protocolo que orienta a los policías sobre cómo atender esos casos.
Entre las denuncias que ha atendido el Ministerio de Seguridad, destacan la aprehensión de un hombre que en apariencia se estaba masturbando en frente de dos jóvenes en La Aurora de Heredia y la de otro que, en el cantón central de Puntarenas, le dijo frases pasadas de tono a dos menores de edad.
En el parque central de San José, la Fuerza Pública también atendió una denuncia en la que un sujeto habría realizado roces y tocamientos a varias mujeres.
Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, explicó que si bien 42 casos puede significar muy poco, considera exitosa la aplicación del protocolo porque la Fuerza Pública ha atendido el 100% de los llamados hechos por las denunciantes.
“Es decir, la ciudadanía que ha querido acudir a la Fuerza Pública ha tenido respuesta de nuestros oficiales”, explicó el viceministro.
Solano también destaca que las denuncias provocaron la apertura de 42 expedientes en los tribunales contravencionales y se ha avanzado en la capacitación a policías, no solo en cuanto a su aplicación del protocolo, sino en la sensibilización del problema.
Además, las denuncias interpuestas en los tribunales llevan información de calidad. ¿Qué significa? Que ahora los expedientes contienen los datos personales de las partes, lo cual hace más fácil el avance del proceso judicial.
Antes, al no haber información del sospechoso ni de las víctimas, la causa era desestimada en los juzgados.
“Tenías que ser desestimado porque no se puede seguir un expediente contra persona desconocida. (Ahora) tenemos alta probabilidad de que terminen con un fallo favorable a la víctima y eso es gracias a la aplicación del protocolo”, consideró Solano.
Aunque la ley costarricense aún no tipifica el acoso callejero como delito, el artículo 392 del Código Penal lo considera una contravención e impone de cinco a treinta días multa por esta práctica, es decir, entre ¢71.800 y ¢431.000.
Las denuncias han ocurrido en espacios públicos de 17 cantones de las siete provincias del país. En todos los casos, las víctimas son mujeres y los ofensores hombres, explicó el viceministro.
Casi siempre, la víctima denunció el acoso a un policía que se encontró en la calle y, en pocos casos, acudió a una estación policial.
Por provincias San José destaca con 15 casos, Guanacaste con nueve y Heredia con siete. En Puntarenas, la Policía atendió cinco denuncias, en Cartago cuatro y en Alajuela, y Limón uno cada uno.
Por cantones, destacan los cantones centrales de San José (11 denuncias), Heredia (seis) y Cartago (cuatro), así como Nicoya con tres.
Abangares, Corredores, Pérez Zeledón, Puntarenas y Santa Cruz registran dos casos cada uno; mientras que con una denuncia aparecen Brava, Carrillo, Escazú, Liberia, Matina, Montes de Oro, San Ramón y Tarrazú.
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El protocolo
El Protocolo de Intervención Policial en la Atención de Casos de Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público, define cómo abordar estas denuncias y los datos que debe llevar el reporte.
Fue presentado a mediados de noviembre para visibilizar el problema y evitar impunidad de los infractores. Hasta el momento el Ministerio de Seguridad ha capacitado 2.533 policías del país.
En su elaboración participaron el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Poder Judicial, la Municipalidad de Heredia, la Defensoría de los Habitantes y los despachos de las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega y Nielsen Pérez.
También, colaboraron grupos de la sociedad civil como Acción Respeto, Peras del Olmo, Centro para la Sostenibilidad Urbana y Grupo Acceder.
Según el protocolo, el policía debe detener a la persona denunciada, entrevistar a la víctima y testigos, apuntar sus datos y recopilar posibles videos o fotografías que funcionen de evidencia.
El oficial deberá permanecer en el lugar de los hechos por la seguridad de la persona denunciante y luego remitir al sospechoso con la denuncia al juzgado contravencional.
En el 2016, se denunciaron 6.489 casos de este tipo en juzgados convencionales, de los cuales en 3.844 hubo usos de palabras o actos obscenos, 2.435 proposiciones irrespetuosas, 22 tocamientos y 188 exhibicionismos.