El aumento del gasto en pensiones y salarios, sumado a un recorte en las transferencias del Gobierno, convergen en un incremento del déficit económico esperado para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a finales del año en curso.
Los gastos corrientes que la CCSS deberá afrontar en el 2023, para cubrir el pago de remuneraciones, jubilaciones y otros rubros, superarán en ¢140.000 millones los ingresos corrientes que la entidad prevé recaudar mediante cotizaciones y transferencias estatales.
El año pasado, el déficit para cubrir los gastos corrientes fue de ¢10.000 millones, según el presupuesto final de la institución en ese periodo. Para el año en curso, advirtió la Contraloría General de la República (CGR), la situación se agravará.
“Esto implica que las autoridades de la CCSS han de tener especial atención sobre su comportamiento, con el fin de tomar acciones oportunas para que dicha situación no impacte negativamente su equilibrio financiero y, por ende, los servicios de la seguridad social”, señala un monitoreo del órgano contralor.
¿A qué se debe esta situación?
El reporte de la Contraloría advierte de un incremento en el gasto corriente producto de las transferencias (particularmente pensiones) y los salarios. En tanto, también señala el recorte en las transferencias del Gobierno a la seguridad social.
Las transferencias corrientes (rubro que contempla las pensiones) pasaron de representar ¢1,84 billones en el presupuesto definitivo de 2022 a ¢1,89 billones en el presupuesto inicial de 2023. Es decir, el gasto se incrementó en unos ¢50.000 millones.
“La Contraloría ha indicado la importancia de analizar el impacto de la dinámica poblacional, considerando que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2030 la población mayor de 65 años llegaría a un 13%, mientras disminuye la población en edad laboral”, señala el informe.
Las remuneraciones son el segundo rubro más importante. Pasaron de ser ¢1,55 billones a ¢1,59 entre el 2022 y el 2023 (¢40.000 millones más).
Al respecto, la Contraloría indicó que “esta partida presenta un incremento respecto al presupuesto de 2022, que se explica, en su mayoría, por un crecimiento en la asignación al programa de Atención Integral a la Salud de las Personas, ya que —según indica la institución— se considera el pago de anualidades del 2021, 2022 y la prevista del 2023″.
Por el contrario, los ingresos de la seguridad social a partir de transferencias corrientes, que corresponden a obligaciones legales del Estado, sufrieron una caída de ¢89.000 millones, al pasar de representar ¢0,67 billones en el presupuesto definitivo de 2022 a ¢0,59 billones en 2023.
Según la Contraloría, se redujeron las transferencias del Gobierno a pesar de que la mayor parte de ellas responden a “compromisos normativos”.
Agrega que esta situación “representa un riesgo, puesto que, sumaría a que la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (obligaciones legales) siga aumentando”.
Rodrigo Chaves: ‘La Caja está quebrada’
El miércoles anterior, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, insistió con su criterio de que la Caja Costarricense de Seguro Social está quebrada.
Así se pronunció al respaldar la decisión tomada por la Junta Directiva de la Caja, de suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional cuyo proceso constructivo no haya iniciado.
“Ha sido una irresponsabilidad la administración de esa institución, las repúblicas independientes dentro de ella. La primera designación que yo hice en lugar de poner orden se puso a alcahuetear; aquí está doña Marta Eugenia y la nueva Junta Directiva”, manifestó Chaves.
El mandatario hizo referencia al exjerarca Álvaro Ramos, a quien destituyó el 17 de setiembre, por un desacuerdo surgido por un aumento salarial retroactivo aprobado por la anterior conformación de la Junta Directiva de la Caja, para sus 63.000 empleados.
Se trata de un aumento salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500. Dicho ajuste le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo al 2020.
Al ser consultado sobre cuáles acciones implementará para abonar a la deuda histórica del Estado con la seguridad social, el mandatario respondió: “Echar agua en un canasto no es sabio; cerremos el canasto primero”.
Marta Acosta: ‘Deuda crece como una bola de nieve’
En medio de la discusión del Presupuesto Nacional de 2023, la contralora general, Marta Acosta, había advertido de que los recortes a las transferencias de la seguridad social provocan que la deuda del Estado con la CCSS siga creciendo como una bola de nieve.
LEA MÁS: CCSS deberá usar reservas para cubrir recorte en aportes del Estado
Consultada sobre dicha advertencia, en aquella ocasión, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, aseguró que es necesario que se dé un consenso sobre cuál será el modelo futuro de financiamiento de la Seguridad Social y definir el papel del Estado como financiador.
Actualmente, existe una billonaria diferencia en los cálculos sobre el monto de la deuda del Estado con la CCSS.
Mientras la CCSS estima el pasivo contingente en ¢2,4 billones, a abril de 2022, Hacienda estima que es de ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la entidad de Seguro Social.
En el año 2021, el Estado transfirió a la CCSS un total de ¢348.800 millones en aportes estatales a pensiones y a la atención de salud. No obstante, la Caja le cobró facturas por ¢529.400 millones, según datos validados por la Contraloría General de la República.
Solo ese año, la diferencia fue de ¢180.600 millones.