Tres de los alcaldes suspendidos por el caso Diamante ganan más que el presidente de la República y cinco de ellos ganan igual o más que un diputado.
El presidente Carlos Alvarado tiene un salario mensual de ¢4,8 millones, mientras que los alcaldes perciben sueldos hasta de ¢5,7 millones; este último es el caso de Johnny Araya, gobernante local de San José.
También superan en salario al mandatario los alcaldes de Cartago y Escazú, Mario Redondo y Arnoldo Barahona, con ¢5 millones y ¢4,9 millones, de acuerdo con información del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS (Sicere), con corte a julio del 2020.
El salario de un diputado de la República es de ¢4 millones. Equiparan ese sueldo los alcaldes de Corredores y San Carlos, Alberto Cole y Alfredo Córdoba, aparte de que Araya, Redondo y Barahona lo superan.
Por último, Humberto Soto, de Alajuela, tiene una remuneración de ¢3 millones.
A estos seis jerarcas municipales se les investiga por presuntos actos de corrupción en obras públicas y, el viernes pasado, el Tribunal Penal de Hacienda los suspendió de sus cargos, pero dejó en los concejos municipales la decisión de mantenerles o no el salario durante ese periodo.
El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, pidió este lunes a los regidores de los respectivos concejos suspenderles el salario a los alcaldes investigados.
¿Cómo se calcula el salario de los alcaldes?
Según había publicado La Nación hace un año, en noviembre del 2020, el alcalde de San José ganaba igual que el de Madrid, pese a que el producto interno bruto (PIB) de España es casi 23 veces el de Costa Rica.
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En Costa Rica, los salarios de los alcaldes se calculan con base en una fórmula del Código Municipal, la cual establece que “los alcaldes municipales no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad más un diez por ciento (10%)”.
No importa el tamaño del presupuesto municipal ni la población del cantón.
Aquí entra a jugar el sistema de pluses que existe en el sector público, porque los sueldos más altos entre el personal de los ayuntamientos dependen, en mucho, de los incentivos.
En La Unión, por ejemplo, el sueldo mejor pagado para un funcionario es de ¢3,56 millones, pero este se compone de lo siguiente: poco más de ¢1 millón de sueldo base, ¢1,2 millones de anualidades, ¢700.000 por dedicación exclusiva, ¢274.000 de carrera profesional y ¢274.000 de otros incentivos.
La ley establece, entonces, que el salario del alcalde debe ser un 10% mayor que ese mayor sueldo.
Sin embargo, muchos alcaldes suman más porque, sobre ese cálculo, agregan su incentivo por restricción al ejercicio de su profesión: un 15% si son bachilleres o un 30% si son licenciados.
En el caso de San José, por ejemplo, el sueldo mejor pagado entre el personal es de ¢4,9 millones incluyendo ¢1,5 millones de anualidades, ¢1 millón de restricción, ¢1,6 millones de salario base, ¢131.000 de carrera profesional y ¢715.000 de otros incentivos.
Con esos números, el salario base del alcalde es de casi ¢5,4 millones, más un 15% de restricción, lo que suma ¢6,2 millones. No obstante, debido a la reforma fiscal del 2018, el sueldo total se ajusta en ¢5,7 millones mensuales.