13 diputados proponen investigar inversiones de la CCSS en La Nación S. A. y Subsidiarias

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13 diputados de diferentes tiendas políticas, cinco de ellos del bloque fabricista Nueva República, presentaron una moción para que la Asamblea Legislativa investigue por qué la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) compró, en el mercado de valores, bonos emitidos por La Nación S. A. y Subsidiarias.

Los bonos corresponden a dos ofertas públicas lanzadas en el 2014.

La moción de orden fue presentada en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, en la que piden abrir un “expediente investigativo” por la compra de bonos de La Nación S. A. y Subsidiarias por parte del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y “otras entidades financieras”.

Al mismo tiempo, solicitan convocar a audiencias, para que se refieran a ese tema, al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya; al gerente de Pensiones de esa institución, Jaime Brrantes; y a la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar.

La iniciativa proviene del despacho del diputado fabricista Ignacio Alpízar y la firman otros 12 legisladores.

Ellos son Jonathan Prendas, Marolin Azofeifa, Carmen Chan y Nidia Céspedes de Nueva República; así como Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).

También la respaldan el frenteamplista José María Villalta; Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN); y los independientes Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez.

La idea de los legisladores era someter a votación la iniciativa esta tarde, pero no fue posible por falta de tiempo.

La diputada Díaz comentó que, de ser posible, la moción se discutirá la próxima semana cuando el foro vuelva a sesionar.

Las instituciones de la CCSS que han comprado bonos de inversión de La Nación S. A. y Subsidiarias, a cambo de ganar intereses, son el IVM y la Operadora de Pensiones de la CCSS.

El IVM compró ¢2.385 millones mediante puestos de bolsa, en la Bolsa Nacional de Valores, de una emisión hecha el 21 de marzo del 2014. Con esta operación, que tiene un plazo de 10 años, gana intereses equivalentes a la tasa básica pasiva (TBP) más 2,75 puntos, aunque nunca recibe menos de un 8%.

Por su parte, la Operadora de Pensiones de la CCSS adquirió otros ¢730 millones de la emisión lanzada el 4 de abril del 2014 a un plazo de 11 años. Esta emisión paga la TBP más 2,875 puntos e, igualmente, tiene una tasa piso del 8%.

Cuando los periodos expiren, ambas instituciones recibirán la totalidad del capital invertido.

La Nación S. A. y Subsidiarias le han pagado puntualmente a la CCSS los rendimientos acordados.

La Comisión de Gasto la componen nueve diputados: los liberacionistas Yorleny León (presidenta), Franggi Nicolás y Carlos Ricardo Benavides; Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC); Melvin Núñez, de Restauración; Shirley Díaz, del PUSC; Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC); Jonathan Prendas, de Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez.

Los diputada Díaz dijo que es de importancia investigar esas inversiones para que ”se aclare el nivel de riesgo en el que se encuentran estos recursos”.

Dolanescu añade que apoyó la moción para que se aclare “por qué el Estado costarricense invierte en una empresa de medios cuya labor esperada es, entre otras cosas, fiscalizar las acciones del propio Estado”.

“Para mí es una cuestión de transparencia”, añadió.

Por su parte, Erick Rodríguez manifestó: “El objetivo es aclarar todos los pormenores de inversión en los títulos del La Nación. Tenemos que tener claro quién hizo la inversión, por qué se hizo la inversión y qué tan seguro es la recuperación de esos ingresos”.

El 24 de agosto, la CCSS informó de que estas compras de bonos estuvieron sujetas a “análisis técnicos rigurosos” y “con total apego a la normativa existente”.

A nivel general, el IVM tiene invertidos en bonos ¢2,21 billones (millones de millones), de los cuales un 95% están ubicados en el sector público y un 5% en el sector privado.