Dormir tras las rejas y salir a trabajar en el día para pagar la deuda de la pensión. Este es el espíritu de una propuesta de ley del legislador Óscar López, del PASE, que está a la espera de discusión en el Congreso.
De aprobarse el expediente legislativo 19.501, las personas presas por pensión alimentaria irían a prisión solo entre las 8 p. m. y las 6 a. m.
La iniciativa de ley señala que una vez que se gire la orden “de apremio corporal” (encarcelamiento), el deudor de la pensión deberá presentarse al centro de detención durante las 24 horas siguientes.
De no hacerlo, perdería el beneficio de poder trabajar durante el día, y tendría que pasar encerrado hasta que pague la deuda por pensión.
Trabajar para pagar. Para el diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) la idea es que los deudores sigan laborando obligados al pago de su responsabilidad como padres.
López calificó de contradicción encarcelar a alguien porque no paga, sin permitirle trabajar para atender la deuda.
Este criterio lo comparte el abogado de familia Pedro Beirute, quien aseguró que la orden de apremio “es la solución menos viable para enfrentar la problemática de un hogar. No hacemos nada con el individuo encarcelado sin producir. Se puede contrarrestar con fijaciones judiciales acordes con las necesidades de la familia. Además de este cambio, el proyecto de ley también prevé otras formas de manejar la relación entre un padre deudor de pensión y sus familiares”, señaló.
Pero la idea de que el deudor duerma en prisión no es el único cambio que plantea el plan. Por ejemplo, se prevé una reforma al artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, de manera que el deudor pueda poner bienes de su propiedad como garantías de pago de la pensión.
También postula una reforma al artículo 22 para que se proteja al deudor contra “campañas de desprestigio, limitaciones para ejercer la patria potestad, dificultades para mantener el régimen de visitas, o acusaciones falsas contra él o su familia”.
La norma también prevé que de darse este tipo de desprestigio o presiones, el demandado puede “ordenar una intervención psicológica de seguimiento y ampliar el sistema de derecho a favor del deudor alimentario”.
El proyecto de ley prevé cambiar el artículo 31 de la ley vigente, para autorizar al deudor a buscar trabajo por un periodo de tres meses, antes de que se le lleve a las celdas. Actualmente la ley permite que la búsqueda de trabajo sea de un mes.
Adicionalmente se establece la incorporación de un artículo 31 bis, para que el Ministerio de Trabajo genere convenios con cámaras para la contratación de personas con pensión alimentaria, que se denominaría “Bolsa de empleo para el deudor alimentario”.