Alberto Barrantes C.
Costa Rica tiene leyes que favorecen la inclusión de personas con discapacidad en la empresa privada mediante incentivos fiscales.
Ejemplo de ello: la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7092), que impulsa la contratación de personas con discapacidad , deduciendo del impuesto sobre la renta de la empresa los sueldos, regalías, aguinaldos, gastos para adecuar el entorno y cualquier otra remuneración que preste la persona con discapacidad.
“Los patronos dejan de lado los beneficios que aporta la inclusión a su empresa y la motivación que tiene una persona con discapacidad para ejecutar el puesto de la mejor manera”, dijo Johanna Castro, docente y mediadora de empleo con empresas privadas.
El desempeño en las entrevistas de trabajo es una de las trabas para ingresar al mercado laboral.
Karla Castro, de 25 años y con parálisis cerebral, considera que lo más importante es la seguridad y el apoyo de la familia para que la persona sea autosuficiente.
“Una parálisis no significa que no puedo hacer las cosas. La seguridad personal es fundamental. No se trata de proyectar imagen de pobrecito para que le den el trabajo.
”Se necesita el apoyo de la familia y ante la indiferencia social, lo mejor es demostrar que sí se puede trabajar”, dijo la joven, quien estudia Investigación Criminal.
Los patronos que opten por el incentivo deben presentar el diagnóstico médico, la copia del contrato y las funciones que desempeñará el empleado ante el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), que será el órgano que emita la certificación para la exoneración fiscal en un plazo no mayor a 15 días.