Comprar electrodomésticos, adquirir préstamos rápidos o pagar cursos en cuotas son algunos motivos por los que los hogares de escasos recursos dedican un alto porcentaje de sus ingresos al pago de deudas.
En promedio, las familias más humildes que asumen créditos destinan ¢43.973 mensuales para amortizar sus compromisos, según identificó el Vigesimosegundo Informe del Estado de la Nación.
Tal cifra podría parecer baja, pero para esos hogares, significa un 16% de sus ingresos.
De hecho, ese es el sector que más debe esforzarse para saldar sus deudas.
El estudio concluyó que, pese a que los hogares más acomodados pagan cuotas seis veces más altas –de ¢263.455, en promedio–, su solvencia económica hace que ese monto represente solo un 11% de sus ingresos.
El Informe utilizó la Encuesta de Ingresos y Gastos, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2013, para estudiar el uso de créditos en las familias.
La investigación determinó que los negocios que ofrecen electrodomésticos, servicios, bienes de consumo o viajes a crédito se vuelven atractivos para las familias cuyas opciones para acceder a préstamos formales son pocas, debido a sus escasos recursos y a la gran cantidad de requisitos que se deben cumplir.
Para el momento de la investigación, 69,5% de los hogares del país tenía créditos activos, pero solo un 47,1% contrajo sus deudas con entidades financieras formales (bancos, cooperativas y asociaciones, por ejemplo).
“Cuando vemos los hogares que más utilizan créditos de empresas comerciales encontramos personas de zonas rurales, de menores ingresos y de menores niveles educativos”, dijo Pamela Jiménez, encargada del capítulo económico del Vigesimosegundo Informe del Estado de la Nación.
Contraproducente. El alto nivel de endeudamiento de las familias de escasos recursos termina siendo una consecuencia adversa de una opción que, en principio, sirve para que esos hogares aumenten su capacidad de consumo.
Ello se podría explicar, en parte, con las altas tasas de interés que establecen los comercios, encontró el Informe.
Por ello, el estudio propone valorar que esas empresas sean fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para controlar los riesgos de morosidad y conocer el comportamiento del mercado y los consumidores.
De acuerdo con Javier Cascante, jerarca de la Sugef, para ello se tendría que hacer una reforma legal, así como incorporar la información de los comercios que venden a crédito a la Central de Información Crediticia (CIC), que ya incluye los datos de las entidades financieras formales.