Ni novedosa ni oportuna les pareció a los municipios consultados por La Nación la decisión del Consejo de Gobierno -tomada el miércoles en la mañana- de solicitar al Ministerio de Hacienda ampliar el plazo para la recepción de declaraciones sobre bienes inmuebles.
El planteamiento del Gobierno, dado a conocer por Alejandro Soto, futuro ministro de Información, incluye la ampliación del plazo en 90 días, la insistencia en la entrega voluntaria de la declaración y el cobro del impuesto, en 1996, tomando como referencia los valores reportados a Tributación Directa y no los nuevos, declarados por los contribuyentes en estas semanas.
Esto último mantiene en vilo a los gobiernos locales, que temen que sus ingresos se vean reducidos para el próximo año, de fructificar estas medidas en el seno de Hacienda.
Consultado sobre el asunto en un convivio que celebró ayer con la prensa nacional, en el hotel Amstel Amón, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, manifestó que prefería no dar declaraciones debido a que su despacho aún se encuentra puliendo el reglamento. Dijo que se referirá a este tema en una conferencia de prensa que tendrá lugar hoy, a las 2 p.m., en su ministerio.
En contra
Las reacciones de los ayuntamientos no se hicieron esperar. "Esa decisión no es vinculante para las municipalidades por tres razones: primero, un decreto no puede modificar la ley; segundo, la medida es totalmente violatoria a la autonomía municipal y, tercero, es inncecesario porque la ley no establece plazos", comentó Wálter Cortés, director del departamento de Catastro de la Municipalidad de San José.
Para Cortés, la decisión del Ejecutivo es "una aberración total, a sabiendas de que ellos no están sobre la ley. Esto es parte de las deficiencias manejadas por el Poder Ejecutivo, como la falta de un reglamento que ellos no publicaron a tiempo".
Igual opina Gerardo Oviedo, ejecutivo municipal de Santa Ana. "Nosotros ya habíamos decidido ampliar el plazo hasta el 28 de diciembre; que se den 90 días más no creo que sea mucho el beneficio para recibir declaraciones, en vista de que el volumen descendió en los últimos días. Considero que esta decisión fue tomada a destiempo pues el Poder Ejecutivo debió haberse preocupado por una cosa más importante: la preparación del reglamento. Nos hubiera ayudado más que con haber tomado una decisión como la que se tomó", dijo.
Para el abogado de la Municipalidad de Oreamuno, en Cartago, Gustavo Silesky, la noticia causará grandes perjuicios al presupuesto del próximo año. "Que se decida pedir a Hacienda que tomen los nuevos valores a partir del 97, es absurdo. Me parece que es una irresponsabilidad del Gobierno tomar una decisión de esa magnitud. Ni el reglamento, del cual ellos eran responsables, ha salido. Esto es un domingo siete", afirmó.
Colaboró con esta información José David Guevara, redactor de La Nación.