Los monjes benedictinos del Monasterio San José, en Paraíso de Cartago, denunciaron que el actual obispo cartaginés, monseñor Mario Enrique Quirós Quirós, los ha perseguido por años para “eliminar” su “presencia” en la diócesis y quitarles los terrenos de su monasterio.
El grupo de religiosos acusó al obispo de haberles levantado “calumnias y falsas acusaciones” con el fin de “cerrar la administración de la comunidad y finalizar la experiencia monástica en la diócesis” el próximo 7 de noviembre. Su monasterio fue erigido el 11 de julio de 2014 por monseñor José Francisco Ulloa Rojas, actual obispo emérito (retirado).
Según sus quejas, últimamente su monasterio “ha sido bendecido con la abundancia de vocaciones muy jóvenes”, pero alegan que la recepción de nuevos candidatos a la comunidad se ha visto afectada por el obispo, “quien no entiende la vida monástica en absoluto”.
“Se ha dejado llevar por comentarios negativos en contra de nuestra comunidad por parte de algunos miembros que ya no están en nuestro monasterio, quienes levantaron calumnias en contra nuestra y el obispo decidió detener por un tiempo el ingreso de nuevos candidatos, en su potestad como Superior Mayor”, expresaron en un comunicado.
Frente a estas aseveraciones, la diócesis de Cartago respondió a La Nación que el cierre del monasterio fue comunicado con anticipación a los monjes “como resultado de no obtener los frutos esperados” durante su existencia, al tiempo que rechazó las acusaciones planteadas.
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De acuerdo con la versión de los monjes, el obispo organizó una visita canónica al monasterio con la ayuda de los sacerdotes Melvin Mora Mora, Francisco Arias Salguero y Vinicio Sánchez Zaragón, durante la cual entrevistaron a cada miembro. Las conclusiones de esa visita, fueron enviadas a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (Roma), en un escrito que, afirmaron, está “lleno de calumnias y falsas acusaciones” en su contra.
Según sus afirmaciones, en ese documento el obispo y los sacerdotes mencionados dieron el veredicto de cerrar la administración de la comunidad y finalizar la experiencia monástica en la diócesis, por lo que el presidente de la Congregación apoyó la decisión.
La diócesis de Cartago, por su parte, argumentó que esta vivencia monástica se inició como una experiencia diocesana “para ser valorada en el transcurso del tiempo de prueba”. Aseguró que ante la decisión tomada “de la clausura de esa experiencia monástica” se les ha dado la oportunidad de ejercer su “derecho de respuesta”.
El terreno
La diócesis también negó las manifestaciones de Antonio Calvo Solís, líder del monasterio, sobre la supuesta intención del obispo de quitarles la propiedad.
“El terreno desde un inicio de esa experiencia, pertenece legalmente a la asociación civil que ellos constituyeron originalmente. Nunca a nivel diocesano se ha pretendido tener o asumir el mismo como parte de temporalidades de la diócesis”, precisó la autoridad religiosa en Cartago.
Los monjes confirmaron que la propiedad donde se ubica su monasterio está a nombre de una asociación reconocida ante el Gobierno y que nunca recibieron copias de la investigación canónica ni del decreto de la Congregación que busca eliminar el espacio, ya que el propio obispo les ha negado la información aludiendo que son “documentos que le pertenecen a la curia de Cartago”.
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“A nosotros no nos agradó el desenlace de esta situación tan adversa que hemos tenido con el actual obispo, quien nunca entendió la vida monástica y nos ha dado persecución durante todo este tiempo para ver la posibilidad de eliminar nuestra presencia, puesto que no somos de su agrado, debido a que al inicio de sus tres años de ser obispo, anduvo detrás de nosotros en búsqueda de quitarnos los terrenos del monasterio”, insistieron los monjes.
Por su parte, el anterior obispo de Cartago, monseñor José Francisco Ulloa, confirmó a La Nación que fue él quien en 2014 autorizó el funcionamiento del Monasterio San José y que hasta la fecha nunca ha tenido “queja” por las acciones de este grupo.
No obstante, rechazó la forma en que los monjes se enfrentaron al actual obispo y argumentó que es él quien tiene la última palabra sobre el tema. “Si ellos me hubieran pedido opinión, les hubiera aconsejado no buscar confrontación. Sobre la situación actual, es mi sucesor Monseñor Mario Quirós, quien tiene el poder de decisión”, dijo.
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El obispo Quirós confirmó que el lugar donde actualmente se ubica el monasterio es el mismo sitio donde hace varios años se encontraba otro espacio religioso llamado “Hogar Magdala”, el cual supuestamente se dedicaba a la atención de ancianos y jóvenes con discapacidad.
En 1998, tres miembros de ese grupo fueron condenados a un total de 28 años de prisión por “violaciones y abusos deshonestos” en perjuicio de tres internos. De acuerdo con las investigaciones, ellos se aprovecharon de la condición mental de los muchachos para agredirlos sexualmente en la institución.
Colaboró el corresponsal Fernando Gutiérrez