Licor, vacas y ¢30.000 fueron algunos de los pagos que hicieron los “blancos” para apropiarse de tierras que, según la Ley Indígena de 1977, solo pertenecen a los nativos.
Los abuelos de los nativos no sabían leer ni escribir en español y así firmaron cartas hace tres décadas, en las cuales cedieron terrenos y convirtieron a sus hijos en empleados de los terratenientes.
Tal drama los empujó a huir a zonas urbanas en busca de trabajo. Así, el Censo del 2011 registra que en el país hay 104.143 indígenas, pero en sus territorios queda menos de la mitad: solo 35.943 indígenas.
China Kichá, en el cantón josefino de Pérez Zeledón, es un espejo. Ahí los nativos perdieron el 98% de las 1.200 hectáreas que abarca su territorio. Hoy, solo quedan unas 30 familias indígenas que residen en una sola hectárea, denunció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La situación, según el ente mundial, se repite en los 24 territorios indígenas que hay en Costa Rica. De estos, un 40% de las tierras está en manos de “blancos”.
“Los pueblos indígenas tienen el derecho inalienable y exclusivo de estos territorios y es ilegal que un no indígena compre tierra ahí.
”Mientras estos pueblos no gocen de este derecho, otras garantías se verán limitadas”, manifestó Yoriko Yasukawa, coordinadora de Naciones Unidas en Costa Rica.
Barreras. Las fincas que son de los nativos y están en manos de “blancos” –como llaman a los no indígenas– están cercadas con portones. A cambio, los “blancos” les ofrecen trabajo... mal pagado.
Se dedican a la siembra, la chapia o a labores en lecherías en jornadas de 12 horas, sin salario mínimo ni seguro social. Al final, sus ganancias terminan en la pulpería del blanco. “Dicen que somos vagos y que por eso nos quitan la tierra. Lo que no entienden es que nuestra cultura es diferente; comemos lo que nosotros sembramos”, explicó Jorge Villanueva.
“Si peleamos la tierra, amenazan con quitarnos el trabajo de jornaleros, que paga ¢600 por hora. Por eso, muchos se van”, añadió Doris Ríos, líder de China Kichá.
Alvaro Paniagua, director de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes, confirmó que la entidad tiene conocimiento de gente que ocupó ilegalmente la tierra indígena.
En algunos casos, dijo, mediaron documentos falsos anteriores a 1977 para luego cobrar al Estado una expropiación.
Paniagua recordó un caso del 2013, en el que el Estado debió pagar ¢6.000 millones de expropiación a un no indígena. El monto triplica el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Ese mismo año, el Gobierno pasado entabló una mesa de diálogo con los indígenas para tratar temas como la recuperación de las tierras y garantizarles la protección de sus derechos. La administración de Luis Gmo. Solís se comprometió a mantener activo ese diálogo.
Además, se invirtieron $900.000 (poco más de ¢450 millones) en la elaboración de planos de catastro de Salitre y, a la fecha, hay 18 procesos judiciales en los que blancos e indígenas se disputan esas tierras.
Según el PNUD, se debe proceder con la expropiación de quienes ocupen las tierras de modo ilegal en todo el país. “Esperamos que la situación en las tierras indígenas se esclarezca con la delimitación de territorios que el Gobierno está impulsando”, concluyó Yasukawa.