El presidente Luis Guillermo Solís convocó, este lunes, en Casa Presidencial, a una reunión a los directivos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para presionar por una decisión sobre el futuro de la carretera San José-San Ramón.
El proyecto, varado desde febrero, espera el visto bueno del Conavi, pues aún no se define si aceptan o no una serie de condiciones impuestas por el Banco de Costa Rica (BCR), administrador del fideicomiso para construir la obra.
El BCR presentó, desde febrero, una adenda de 18 páginas para modificar el contrato de fideicomiso, firmado el año anterior, para la construcción de la vía de 60 kilómetros.
El Banco exige tener potestad de nombrar los miembros de la unidad ejecutora sin que el Conavi deba avalar los nombramientos, gozar de autonomía para tomar decisiones sobre la estructuración financiera, la licitación y la contratación de las constructoras.
Además, pretenden que el proyecto sea bajo la modalidad "llave en mano"; es decir, se hacen responsables de entregar la obra completamente terminada, lista para entrar en funcionamiento. En este caso, el Conavi no tendría injerencia en el proceso.
En la cita también participaron Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes; Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura; German Valverde, director ejecutivo del Conavi; Paola Mora, presidenta de la Junta Directiva del BCR, Mario Barrenechea, gerente general del BCR, y Pedro Pablo Quirós, gerente de proyecto del BCR.
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Villalta dijo que el miércoles recibirán un criterio técnico y legal del Conavi, en el cual se detalla si es viable o no acoger los cambios solicitados por el BCR. Luego, el jueves, durante la sesión del Consejo de Administración, se tomará una decisión al respecto.
"Esto (la reunión) fue una iniciativa del presidente Solís, dio una motivación, tanto para el Banco como para el Conavi, de que este es un proyecto país y es trascendental (...). Dijo que tratáramos, en estos días, de ponernos de acuerdo y manifestar cuáles son las cosas en las que no estamos de acuerdo o hay que mejorar", comentó Villalta al salir de Casa Presidencial.
El jerarca del MOPT enfatizó que el mandatario no intentó imponer un criterio o una línea de decisión.
"Yo creo que se debe aprobar la adenda, pero sí me gustaría que todas las partes estén satisfechas con lo que se vaya a aprobar", agregó el ministro.
También se le consultó a Barrenechea por los resultados de la reunión, pero prefirió no dar declaraciones.
Por último, Villalta descartó que la relación entre el BCR y el Conavi esté deteriorada debido a la lentitud en la toma de una decisión.
El BCR recibe, según el contrato de fideicomiso, $75.000 al mes por su labor de administración del proyecto.
En marzo, las autoridades del Banco aseguraron que, si no se avalaba la adenda presentada, se retirarían de la obra.
¿Cuándo se iniciará?
Pese a los atrasos, el Poder Ejecutivo sostiene que los trabajos en la carretera empezarán antes de que finalice el presente año.
No obstante, el proyecto aún debe superar la definición de la adenda, la obtención del refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) y la fase de contratación de diseño y construcción.
Otros obstáculos
En abril del 2013, el gobierno de Laura Chinchilla canceló el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS para la ampliación de la vía a San Ramón.
El acuerdo, por $524 millones, fue frenado por la presión de los vecinos de Occidente, quienes se oponían a las posibles tarifas de peaje anunciadas, pues las consideraban altas.
Para finiquitar el acuerdo con los brasileños, el Estado costarricense tuvo que pagarles una indemnización de $35 millones, la cual se canceló en dos tractos.
Por la vía a San Ramón transitan, en promedio, 84.000 vehículos diarios.
Sobre el nuevo costo de la ruta, el Banco de Costa Rica ni el Gobierno se atreven a dar un monto. Sin embargo, cuando los diputados discutieron el proyecto, hablaron de un monto cercano a los $473 millones.