El Juzgado de Familia de San José cerró el portillo legal que, para el movimiento gay del país, abriría la posibilidad de uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Este juzgado rechazó la petición de Alberto González y Lorenzo Serrano para que les reconozcan sus derechos civiles como pareja.
Ellos sustentaron su solicitud en la reforma a la Ley de la Persona Joven, aprobada por 45 diputados el 4 de julio, la cual permitiría uniones civiles “sin discriminación” por orientación sexual.
Pero el Juzgado de Familia negó la gestión por considerar que el Código de Familia establece como única unión posible la formada entre un hombre y una mujer.
González y Serrano tienen siete años de vivir juntos en Escazú y aseguran que seguirán en la lucha por el reconocimiento civil.
“Estábamos muy positivos porque la Ley de la Persona Joven es muy clara. La lucha no termina", dijo Alberto González.
“Ellos son una pareja que necesitan legalizar su unión para formalizar la compra de un terreno. La decisión del juez es un acto de violencia y de discriminación homofóbica”, dijo Marisol Fournier, activista del Movimiento Diversidad.
Una unión de hecho les permitiría tener las mismas garantías civiles de una pareja heterosexual, como la herencia, patrimonio y visitas conyugales en cárceles y en los hospitales, entre otros.
“Se apeló la resolución (ante el mismo juzgado) porque en la Ley de la Persona Joven dice que no se puede discriminar por orientación sexual”, dijo Marco Castillo, líder del Movimiento Diversidad.
El grupo continuará con la recolección de 160.000 firmas para presentar al Congreso un proyecto de iniciativa popular sobre el matrimonio igualitario.