El Área de Interés Social del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) avaló que se otorgaran casas de bien social a familiares de la directora de esa oficina, Amarylis Aguilar, en el proyecto Radial II, en Guararí de Heredia.
Así lo señala un informe de la Auditoría Interna del INVU, con fecha de enero del 2013, donde se comprueba el grado de consanguinidad entre los parientes, así como el otorgamiento del beneficio a otras personas que incumplían con los requisitos que exige la institución.
La cuñada de Aguilar, Ángela Murillo González, su sobrina Lauren Guzmán Aguilar y la suegra de Guzmán, Estrella Rutherford Scott, recibieron viviendas pese a que ninguna vivía en Guararí.
El reclutamiento y selección de los beneficiarios ocurrió entre el 2008 y el 2011. En ese proceso, funcionarios del INVU dejaron por fuera a familias pobres de Guararí para asignar vivienda a parientes y a gente que registraba direcciones fuera del asentamiento herediano.
En el acuerdo 3 de la sesión 78 de Junta Directiva –de octubre del 2008–, el Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi) señaló que las 141 familias por ser beneficiadas con el desarrollo del proyecto Radial II debían habitar, en ese momento, en la finca Guararí.
A la oficina de Amarilys Aguilar le correspondía revisar y presentar las listas de beneficiarios . La aprobación estaba a cargo del jefe de Ejecución de Proyectos del INVU, Arturo Argüello, y la gerente general, María del Carmen Redondo.
Sin respuesta. Cuando este medio cuestionó a los funcionarios sobre la asignación de casas a familiares de la jerarca, ninguno se refirió al tema. La directora Amarylis Aguilar dijo que el Reglamento de Producción de Soluciones de Vivienda le permitía asignar casas a personas pobres aunque no vivieran en la finca Guararí.
“Sobre la cuota de familiares beneficiados, ese es un tema que no le voy a contestar”, dijo Aguilar.
Una resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González, que investigue las casas de interés social adjudicadas a personas que no contaban con los requisitos.
“La Procuraduría de la Ética logró constatar, mediante el Registro Nacional, que varias de las viviendas de interés social cuya adjudicación fue denunciada se encuentran ya registradas bajo la propiedad de beneficiarios cuestionados”, dice el informe de la PGR.
Otros casos. La procuradora Lissy Dorado envió un oficio al INVU en el que pide que se investigue al ingeniero de la obra, Jorge Chaverri, por certificar los lotes otorgados a las beneficiarias Ania, Mirleydy y Mery Grajales Quirós. Estos superan el tamaño permitido por ley: 130 metros cuadrados.
Las hermanas recibieron lotes de más de 190 m2. El ingeniero Chaverri no contestó llamadas.
Dorado también cuestionó que la trabajadora social encargada del proyecto, Lorena Pringle, permitió a las hermanas entrar en las viviendas sin que les fueran efectuados los estudios socioeconómicos.
En la lista de los beneficiarios del proyecto Radial II figura también la hermana de Pringle, Silvia Elena Prigle Ulate.
Otro beneficiario, Froilán González Aguilar, registra tres vehículos a su nombre en el Registro Nacional: dos Toyota y un Hyundai Accent. Se intentó conversar con los beneficiarios cuestionados, pero no respondieron las llamadas.
El único que contestó fue Mario Ramírez, quien dijo que las consultas las debía responder el INVU. “Ah, no sé. Pregúntele a ellos; yo no sé nada de eso”, dijo Ramírez.
El jerarca Álvaro González confirmó que en la institución hay un proceso de investigación abierto.
“A simple vista se nota que ciertas cosas no son morales. Esto no sucedió en mi gestión. Yo entré hace un año y quiero que todo sea muy transparente.
”Si hay algo que repudio es que funcionarios se aprovechen de sus puestos”, concluyó.