El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) desvió, entre los años 2009 y 2013, cientos de planes de ahorro y préstamo para vivienda a sociedades jurídicas.
Así consta en el informe DFOE-AE-IF-08-2014 de la Contraloría General de la República (CGR), del cual La Nación tiene una copia.
Según el documento, el 11% de los contratos suscritos beneficiaron a personas jurídicas, lo cual desvirtúa el fin principal del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) de la entidad, que es dar soluciones de vivienda a familias.
Por ejemplo, una empresa, presidida por la esposa de un agente vendedor del INVU, mantuvo entre 2001 y 2013, 585 contratos por un monto de ¢4.216 millones.
La CGR detectó que esa empresa solo utilizó el 10% de esos fondos para soluciones de vivienda.
Además, ese mismo agente vendió 621 planes de ahorro y préstamo –por un monto de ¢3.900 millones– entre su esposa, su hijo, su cuñada y un sobrino. a
De esa cantidad de contratos, solo el 37,4% terminó siendo un préstamo para compra de casa o lote y un 62,6% fueron contratos a los que renunciaron o traspasaron.
El artículo 7 del reglamento del SAP establece que una persona que renuncie a un contrato recibirá el reembolso del monto total ahorrado y los intereses devengados.
Además, si el plan está maduro, es decir el suscriptor completó el número de cuotas y el periodo de tiempo establecido, tendrá derecho al 8% del monto del préstamo elegido como bonificación. A esto se le debe agregar que cada agente gana un 2% de comisión por el monto total del contrato suscrito.
En otro caso, el ente contralor también descubrió que seis empresas compraron 50 contratos el mismo día, los maduraron y una vez madurados renunciaron a ellos, lo cual representó una salida de efectivo del SAP de ¢229 millones.
“La decisión de permitir a las personas jurídicas participar en el negocio de los contratos irrumpe con la razón de ser del SAP”, reza el informe de la Contraloría.
De acuerdo con el INVU, al 30 de mayo del presente año existían 55.035 planes de ahorro y crédito vigentes en la institución.
Investigación. Lilliam Marín, encargada de la Auditoría, afirmó que el agente y las empresas que participaron en las compras masivas de planes están identificados, pero no pueden revelar sus nombres aún para no entorpecer las investigaciones abiertas en otras instancias.
El Instituto debe realizar un estudio para determinar quiénes son los responsables de los hechos señalados y enviar los resultados a la CGR a más tardar el 30 de abril de 2015.
Sonia Montero, presidente ejecutiva del INVU, dijo que tampoco descartan enviar el caso al Ministerio Público.
“No nos sorprende esto porque no es lo único irregular que nos encontramos”, aseguró Montero.
La jerarca agregó que pedirán criterio a la Procuraduría General de la República sobre la venta de contratos a personas jurídicas.