Familiares
La cuñada de la jerarca Amarylis Aguilar, Ángela Murillo González; su sobrina Lauren Guzmán Aguilar y la suegra de Guzmán, Estrella Rutherford Scott, recibieron viviendas pese a que ninguna vivía en Guararí. En los expedientes registraban direcciones como Desamparados, Cartago y Tibás.
Con carros
Otro beneficiario, Froilán González Aguilar, registra tres vehículos a su nombre en el Registro Nacional: dos Toyota y un Hyundai Accent.
Sin estudios
La procuradora de la Ética, Lissy Dorado también cuestionó que la trabajadora social encargada del proyecto, Lorena Pringle, permitió a las hermanas Quirós Grajes tomar posesión de tres viviendas sin que les fueran efectuados los estudios socioeconómicos.
Residencia
Fueron incluidas personas que incumplían con el requisito de habitar en Guararí de Heredia. En el acuerdo 3 de la sesión 78 de Junta Directiva –de octubre del 2008–, el Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi) señaló que las 141 familias que fueran beneficiadas con el desarrollo del proyecto debían habitar, en ese momento, en Guararí.
Fuente: auditoría invu y pgr.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) despidió ayer sin responsabilidad patronal a los jerarcas Amarylis Aguilar y Arturo Argüello, por otorgar viviendas de bien social a familiares de la primera, que incumplían requisitos.
Las anomalías fueron detectadas en el proyecto Radial II, en Guararí de Heredia. En la sesión extraordinaria de Junta Directiva, este martes, se acordó separar de sus cargos a ambos funcionarios.
“Eran jerarcas que tenían muchísimos años de laborar para esta institución. Estas personas quedan fuera, ya están notificados y despedidos sin responsabilidad patronal por los hechos comprobados de beneficio a familiares”, manifestó el presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González.
La Nación hizo pública la denuncia presentada por familias pobres de Guararí en la que vinculaban a la directora Amarylis Aguilar con el beneficio de casas a varios de sus parientes.
“Nosotros llevamos la denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR), porque con la primera petición que hicimos en el 2012, Casa Presidencial pidió que se investigara el caso y en el INVU, nos habían dicho que lo habían archivado”, dijo Kattia Sirias, una de las denunciantes ante la PGR.
En la última investigación del INVU, realizada por el abogado Fernando Bolaños, se comprobó el beneficio irregular a la cuñada de Aguilar, Ángela Murillo González, a su sobrina Lauren Guzmán Aguilar y a la suegra de Guzmán, Estrella Rutherford Scott. Las tres recibieron viviendas, pese a que ninguna vivía en Guararí.
A la oficina de Amarilys Aguilar le correspondía revisar y presentar las listas de beneficiarios, mientras que la aprobación estaba a cargo del jefe de Ejecución de Proyectos del INVU, Arturo Argüello.
Ninguno de ellos contestó a las llamadas realizadas por La Nación luego del pronunciamiento que hizo ayer la Junta Directiva.
Sobre el procedimiento de las familias que fueron beneficiadas sin contar con los requisitos que exigía el Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi), el presidente González dijo que sobre ese punto no se discutió en la sesión.
“Estábamos investigando la relación con familiares de la señora Amarylis Aguilar y se logró comprobar. Ahora, esto de las viviendas otorgadas va para el Ministerio Público y se deberán tomar las acciones”, apuntó el jerarca.
Otros investigados. Por otro caso, la Junta Directiva además acordó imponer una suspensión de 30 días, sin goce de salario, a la trabajadora social María Lorena Pringle, quien habría permitido la ocupación de tres viviendas a personas que no cumplían los requisitos.
En relación al mismo expediente, el INVU también abrió un procedimiento administrativo contra el ingeniero Jorge Chaverri, ante denuncias de que habita en una casa de bien social del mismo proyecto Radial II. Él lo niega.
“Contra Jorge Chaverri y Lorena Pringle también se ordenó un procedimiento ordinario y el órgano director del proceso realizará la audiencia oral el 18 de febrero. Se espera que el informe final se presente en marzo”, indicó González.
Chaverri labora en el INVU y según la Procuraduría General de la República, fue administrador de la obra Radial II.
Él se encargó de coordinar, supervisar y fiscalizar labores para definir a potenciales beneficiarios.
La procuradora Lissy Dorado envió un oficio al INVU en el que pide que se investigue a Chaverri por certificar varios lotes otorgados a las beneficiarias Ania, Mirleydy y Mery Grajales Quirós, ya que los mismos superan el tamaño permitido para el proyecto, que era de 130 metros cuadrados.
En el 2013, una resolución de la Procuraduría solicitó al presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González, que investigara las casas de bien social adjudicadas a personas que no contaban con requisitos.
“La Procuraduría de la Ética logró constatar, mediante el Registro Nacional, que varias de las viviendas de interés social cuya adjudicación fue denunciada, se encuentran ya registradas bajo la propiedad de beneficiarios cuestionados”, detalló ese informe de la PGR remitido al INVU.