El viceministro de Egresos, Isaac Castro Esquivel, negó que el Ministerio de Hacienda tuviera alguna injerencia en el traslado de recursos de proyectos viales para obras de conservación a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Castro aseguró que Hacienda no participó ni en la elaboración ni en el visto bueno de una moción elaborada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para transferir ¢22.500 millones.
Estas afirmaciones las hizo durante su comparecencia, este jueves, en la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción asociados con la construcción de carreteras, judicialmente conocido como Caso Cochinilla.
El viceministro sí confirmó que estuvo en una reunión virtual en la que participaron el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, el entonces director del Conavi, Mario Rodríguez, y Camilo Saldarriaga, quien se desempeñaba como asesor presidencial.
Inicialmente, Castro entró en contradicciones sobre las fechas en que se habrían llevado a cabo las conversaciones.
Ante consultas del diputado José María Villalta, el viceministro detalló que en el encuentro virtual se habló sobre la necesidad de presentar una moción que tenían elaborada y la cual se requería para atenuar la reducción que el Ejecutivo estaba planteando en el presupuesto extraordinario aprobado a mitad del año pasado.
“Nosotros no avalamos, la única tarea fue que nos comentaran (la moción), el objetivo de la reunión era ese”, insistió el viceministro.
A criterio del funcionario de Hacienda, los fondos que estaban en juego eran responsabilidad de Conavi pues se trataba de sumas que habían sido transferidas en 2013 y 2018.
Estas corresponden a recursos que el Consejo tenía asignados para la carretera a San Carlos y la contrapartida nacional para la ampliación de la ruta 32.
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Los diputados cuestionaron si no era obligación de Hacienda velar sobre la afectación que podría tener desfinanciar obras a las que estaban dirigidos esos fondos.
Sin embargo, el viceministro insistió en que esa no era una tarea que correspondiera a ese despacho.
Igualmente, los legisladores pidieron explicaciones sobre si el ministro de Hacienda, Elian Villegas sabía de lo acordado en esa reunión, a lo que el viceministro contestó afirmativamente. Según dijo, le hizo un resumen de los temas que se trataron.
El expediente judicial del Caso Cochinilla hace referencia a ese encuentro que concentró la atención de los diputados este jueves.
En el legajo, se indica que este tema fue conversado por la dueña de la constructora H Solís, Mélida Solís, con el entonces gerente del Conavi, Carlos Solís, como lo evidenció una escucha telefónica.
“Por dicha Hacienda aceptó, ahora es terminar de llamar a diputados”, se dice en la conversación.
Sin embargo, el viceministro dijo que esto se trata de interpretaciones de terceros.
En su interpelación, Castro Esquivel confirmó que recibía llamadas de Saldarriaga para confirmar si el disponible que se asignó al Conavi ya estaba siendo programado para transferir.
El viceministro dijo que Hacienda no conocía que los recursos que se estaba pidiendo mover eran para tapar el hueco presupuestario del Conavi e insistió una vez más que era responsabilidad de ese consejo, como administración activa, fiscalizar el uso de esos fondos públicos.
Conocidos
Al inicio de los cuestionamientos, el diputado independiente Jonathan Prendas, también consultó al viceministro si había trabajado para la empresa H Solís en el pasado.
Castro respondió que de forma directa hizo dos consultorías financieras para esta empresa en los años 2004-2005 y 2011-2012.
El viceministro sostuvo que en la primera de esas consultorías sí tuvo relación directa con Mélida Solís y Roberto Acosta, propietarios de la constructora, pero aseguró que esa relación no se mantuvo y que desde entonces no ha vuelto a tener contacto con ellos.
Rechazó la existencia de algún conflicto de interés así como acciones para favorecer la aprobación de recursos destinados al pago de facturas de esta y otras empresas constructoras. Dijo que tampoco recibió llamadas de los empresarios para agilizar dichos fondos.
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La comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar los hechos que mediaron en el escándalo de corrupción, ya ha llamado a comparecer a los auditores del MOPT y Conavi, así como al director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y al director de presupuesto nacional.
Se tiene previsto que en las próximas semanas acudan, la contralora general de la República, Marta Acosta, así como funcionarios de Hacienda y el Conavi.
El casi involucra a dueños y empleados de empresas constructoras, además de empleados de Conavi, que habrían recibido dádivas por agilizar pagos o contratos.