Ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica aseguraron la noche del lunes que un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) habría incluido datos erróneos y hasta fotos antiguas en un informe, a fin de justificar la intervención de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, mediante un decreto de emergencia.
Durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Infraestructura, funcionarios de esa unidad técnica, adscrita a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), señalaron a un ingeniero de la División de Obras Públicas del MOPT como el responsable de haber elaborado el plan de inversión y la respectiva justificación para relacionar el deterioro que presentaba la pista del aeropuerto con el impacto de la tormenta tropical Bonnie, de julio de 2022.
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Alexánder Sánchez, jefe de la Unidad de Infraestructura, relató que el 5 de julio del año anterior, luego de que el Gobierno anunciara la intención de intervenir la pista mediante el decreto de emergencia, el ingeniero de apellido Zecca contactó a uno de los funcionarios de ese ente técnico para indicar que estaba confeccionando el plan de inversión que se requería presentar ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para ese proyecto.
“Dicho documento incluía la justificación de los daños en el pavimento por causa de la tormenta Bonnie, con datos anteriores e imprecisos e imágenes de deterioro en la estructura de pavimento que no fueron producidos por la tormenta sino que corresponden a un evento ocurrido en el aeropuerto el 8 de junio 2019 del cual nuestra unidad tiene registro. Indicó que un profesional de nuestra unidad debía certificar los daños incluidos en ese documento y una declaración jurada en la que confirma el nexo causal entre el evento y los daños ocurridos”, declaró Sanchez.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Infraestructura, ellos le dijeron a Zecca que ningún profesional de esa dependencia asumiría esa responsabilidad, porque lo que establecía el plan no concordaba con los datos sobre el impacto de la tormenta.
David Rojas Alfaro, otro de los ingenieros de la Unidad de Infraestructura que compareció ante los diputados, narró que fue él quien recibió la llamada de Zecca. Según dijo, le pareció extraño que el documento llegara de un funcionario ajeno a la DGAC.
Agregó que el ingeniero del MOPT le informó que estaba trabajando en el plan a solicitud del ahora exministro Luis Amador Jiménez. Según Rojas, los superiores en la DGAC fueron puestos al tanto de la solicitud de Zecca.
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La noche del lunes, los ingenieros también denunciaron presiones de parte del exministro Amador y el ahora exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, para firmar el plan de inversión que contemplaba la inclusión de los trabajos de la pista en la atención de emergencias.
Según detalló Sánchez, el 11 de julio, seis días después de la llamada de Zecca estuvieron en una reunión con personal de la Comisión Nacional de Emergencias, en la que uno de los fiscalizadores de las obras les informó de que para avanzar en el proceso se debía certificar el nexo causal entre la tormenta y el daño en la pista.
Posteriormente, debido a la negativa de los funcionarios a responsabilizarse por la certificación del nexo, el entonces director de Aviación Civil los llevó ante el ministro para señalarlos como responsables por no querer firmar la justificación.
“El último (Amador) indica que sabe por qué la unidad no quiere firmar, él responde que asumirá la responsabilidad de firmar el plan de inversión y convoca una reunión para discutir los aspectos técnicos de la propuesta de inversión”, detalló Sánchez.
En esa reunión, que se realizó un día después de la cita ante Amador y que también tuvo lugar en el despacho del jerarca, se definieron los parámetros en cuanto al alcance, presupuesto, modalidad de contratación, planos, plazos y otros detalles necesarios para elaborar los términos de referencia del cartel.
Sánchez explicó que, debido a que recibieron una versión modificada de su propio informe, el cual sería utilizado como insumo para incluir el proyecto en el decreto de emergencia, y que además se les remitió un plan de inversión por parte de un funcionario externo (Zecca) con “información incorrecta”, fue que el 8 de agosto emitieron el oficio con la advertencia sobre el nexo causal inexistente entre el evento meteorológico y los daños. Su pretensión era que se replanteara el mecanismo de intervención, pues faltaba evidencia para soportar lo que ahí se establecía.
La Naciónintentó este martes contactar a Zecca, para consultarle sobre la versión de los ingenieros, pero no respondió los mensajes dejados en el número registrado a su nombre.
Los funcionarios dijeron desconocer si dicho oficio de advertencia llegó a ser conocido por personal de la CNE o incluso si Amador llegó a informar a Alejandro Picado sobre la falta de nexo, sin embargo sí aseguraron que los jerarcas del MOPT y la DGAC tenían conocimiento del mismo y “asumieron la responsabilidad de seguir adelante”.
También Conavi
Entre otras de las situaciones “atípicas” que los funcionarios dijeron haber detectado en este proceso, destacaron la participación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la estructuración del proyecto.
Fabián Brenes, quien también es ingeniero de la Unidad de la DGAC, dijo que incluso el ahora ministro Mauricio Batalla, quien entonces era director del Conavi, participó en al menos dos reuniones en las que se vieron parámetros y vida útil del pavimento, así como temas asociados con el monto y alternativas de solución.
Brenes reconoció que hubo disconformidad de parte del equipo de expertos, pues ellos son especialistas en la parte aeronáutica y los datos que discutían estaban más relacionados con otro tipo de condiciones en los pavimentos.
La intervención de la pista del Daniel Oduber fue encargada mediante un decreto de emergencias firmado por el presidente Rodrigo Chaves el 22 de junio del 2023.
La reparación de la pista por ¢21.800 millones fue encargada a la constructora MECO, a pesar de que esta no era la oferta más barata. El presidente Chaves, alegó irregularidades en el proceso de licitación, que habrían favorecido a la constructora, y por esa razón destituyó a Luis Amador como jerarca del MOPT y ordenó también la destitución de Fernando Naranjo, quien era director de Aviación Civil.