Una mala gestión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) provocó que se pagaran ¢17.000 millones más de lo presupuestado en la construcción de la carretera entre Chilamate y Vuelta de Kooper, inaugurada en agosto de 2017 en la zona norte del país.

Así quedó determinado en el informe DFOE-IFR-IF-00007-2019 de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) , a pesar del cual no se establecieron responsables ni se dictaron sanciones contra ningún funcionario.

De acuerdo con Tomás Figueroa, viceministro de Obras Públicas, la pesquisa que realizó internamente el MOPT no encontró mérito para abrir procedimientos.

La investigación preliminar para individualizar responsabilidades por los hechos que produjeron el aumento en el costo de la vía, no arrojó elementos suficientes para recomendar un procedimiento administrativo contra trabajadores del Ministerio, determinó el Departamento Legal.

De esta forma, no se pudo ni siquiera llegar a la etapa de comprobar si trabajadores de esa institución tuvieron responsabilidad o no en los puntos indicados por la Contraloría.

La vía es utilizada principalmente por transportistas de carga que se ahorran 60 kilómetros entre Chilamate y Vuelta de Kooper. Pasaron de recorrer 87 kilómetros a solo 27 km, pues se evitan pasar por Aguas Zarcas, Venecia (San Carlos), Río Cuarto, San Miguel y La Virgen (Sarapiquí).

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“En grado de culpa grave”

Por su parte, la Contraloría llevó a cabo otra investigación que dirigió contra la ingeniera que fungió como encargada de la unidad ejecutora del proyecto de 27 kilómetros.

En la resolución Nº 13447-2020, emitida en setiembre del año pasado, el órgano contralor encontró a la funcionaria como responsable administrativamente “en grado de culpa grave”, al incumplir los deberes que tenía como gerente del proyecto, con lo cual “incurrió en un debilitamiento del control interno”.

Sin embargo, el castigo que recomendó la CGR comprendía la suspensión por ocho días hábiles y este no se pudo ejecutar porque la persona dejó de laborar en el MOPT.

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Esa investigación en específico solo sancionó el accionar de la entonces funcionaria al aprobar una orden de modificación para trasladar fondos de un renglón de pago con excedentes a otros que requerían financiamiento, alegando la urgencia de terminar el proyecto y la necesidad de atender aumentos imprevisibles.

Sobre ese punto, la Contraloría determinó que se infringió la normativa y señaló: “Este tipo de actuaciones van en detrimento del control interno, creando riesgos innecesarios para el proyecto, no solo en cuanto al deber de velar porque los recursos sean utilizados de manera apegada al ordenamiento jurídico, sino también porque ocasionan dificultades para el control de la finalidad específica prevista”.

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La construcción de la ruta entre Chilamate, en Sarapiquí y Vuelta de Kooper, en San Carlos, comenzó en el 2013 con un costo inicial de ¢25.318 millones y un plazo de ejecución de dos años. Al final, fueron necesarios cuatro años y ocho meses, y el Estado terminó pagando ¢42.363 millones.

Más tiempo, más dinero

De acuerdo con el informe inicial de la Contraloría, de los cuatro años y ocho meses que tomó la construcción, un año y 10 meses constituyeron atrasos atribuibles a la Administración.

Esos atrasos fueron originados principalmente porque la construcción comenzó con diseños desactualizados, lo cual se tradujo en obras adicionales y nuevos permisos que se tramitaron cuando ya se había girado la orden de inicio a la constructora Sánchez Carvajal.

Al momento de arrancar los trabajos, tampoco se habían completado las expropiaciones, ni se tenían los permisos de tala de árboles y ambientales.

El rezago originó que tanto la constructora como la empresa supervisora recibieran prórrogas en sus contratos por los días compensables, que se convirtieron en aumentos en los costos del proyecto.

La Contraloría también determinó en el informe del 2019, que el MOPT reconoció plazos extra a la empresa por malas condiciones climáticas, sin tener la evidencia suficiente que acreditara esa situación.

En total, el contratista y la empresa supervisora recibieron 646 días adicionales por eventos compensables y 321 días por malas condiciones del tiempo.

Sobre los desórdenes en los pagos, el análisis detalló que el MOPT disminuyó recursos en algunos de los renglones de pago mediante órdenes de modificación, lo cual puso en riesgo la finalización del proyecto.

Esto, porque se desfinanciaron obras indispensables, para las cuales luego fue necesario obtener más recursos, sin que se tuviera la certeza de que se podría acceder a fuentes de financiamiento adicionales.

Esas órdenes implicaron cambios en los renglones de pago y varios aumentos en los montos. Así, por ejemplo, una de las más importantes fue por ¢10.687 millones, lo que significó un aumento del 42,2% al contrato y un plazo adicional de 225 días.

“El MOPT recurrió a estos mecanismos por no disponer de un adecuado sistema de planificación y gestión de proyectos que le permitiera administrar este proyecto en forma ordenada y eficaz desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento”, puntualizó la auditoría.

De esta forma, el informe concluyó que todos los problemas fueron originados por la falta de sistemas de planificación y gestión de proyectos.

En sus conclusiones, la CGR advirtió de que si se llegaba a comprobar que se hicieron pagos de más por ese reajuste de precios no apegado a la normativa, la Administración debía hacer lo necesario para recuperar dichos recursos.

En el informe del Ministerio de Obras Públicas, que descartó el inicio del proceso administrativo, también se resolvió reiterar a la División de Obras Públicas, la necesidad de atender las disposiciones emitidas por la Contraloría en su auditoría inicial, en las que se pedía revisar los pagos realizados por ajustes de precios, así como los días adicionales otorgados.

Los problemas de planificación han sido señalados reiteradamente por la CGR y por la Cámara de la Construcción que reclaman los fallos frecuentes en todos los procesos previos al inicio de los proyectos viales. También, reconocidos por el MOPT.

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Un análisis de la Cámara, dado a conocer en setiembre pasado, revela que cuatro obras viales que comenzaron sin haberse completado las expropiaciones, reubicación de servicios y permisos, acumulaban en aquel momento 2.784 días de atraso en fases de diseño y construcción.

Así, el tramo norte de la carretera de Circunvalación; la ampliación entre Cañas y Limonal, en la Interamericana Norte; la carretera entre Paquera y playa Naranjo; y la ampliación de la ruta 32, acumulan, en promedio, un 147% de atraso.

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