Luego de 33 años de alimentar la escena universitaria josefina, el restaurante Friday’s, en San Pedro de Montes de Oca, desaparecerá a inicios del próximo año, para dar espacio a la construcción de un paso a desnivel que sustituirá a la actual rotonda de La Bandera.

El empresario y dueño del local, Carlos Felipe Huezo Hunter, confirmó la noticia y también la existencia de un reclamo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el pago de derechos comerciales, debido a la desaparición del restaurante.

Inicialmente, el MOPT excluyó dicho pago del proceso de expropiación, lo cual condujo a una disputa entre el empresario y dicha cartera que data del 2016.

Las obras previstas en esa zona contemplan 1.100 metros de longitud que incluyen un paso elevado de 290 metros sobre el acceso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y un tramo deprimido en la rotonda de La Bandera de 340 metros; justo en donde está el restaurante.

Anthony Parajeles, ingeniero y subjefe del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT, precisó que al propietario del restaurante se le canceló a mediados del 2016 el monto de avalúo por el terreno y el edificio.

Sin embargo, Huezo interpuso un reclamo ante dicha dependencia porque no se contempló, en aquel momento, el dinero por afectación comercial, al salir el bar y restaurante de ese punto de operación.

El empresario empezó su reclamo hace 28 meses ante el DABI, pero logró encaminar un eventual pago hasta este año, luego de sentencias de la Sala Constitucional (las resoluciones 2018005294 del 4 de abril del 2018 y la 2018006085 del 18 de abril)

Ambas están ligadas a acciones de inconstitucionalidad de otros comercios por el tema de pagos de derechos comerciales en expropiaciones.

Esas sentencias declararon inconstitucional jurisprudencia que emitió el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección II (expropiaciones) que argumentaba que no cabía una indemnización de derechos comerciales por la vía de expropiación.

El Tribunal de Apelaciones aducía que no existe despojo de tal derecho comercial, como sí ocurre en relación con el inmueble o terreno expropiado, y que cualquier reclamo por derechos comerciales afectados debía presentarse en una etapa posterior a la expropiación del inmueble y el terreno.

La Sala Constitucional resolvió que tal argumento era inconstitucional.

Según los altos jueces, obligar a un expropiado a tener que interponer un proceso ordinario para discutir extremos que, presuntamente, forman parte de la indemnización integral o plena, violenta su derecho a una justicia pronta y cumplida.

“Tal interpretación constituye un obstáculo injustificado e indebido al derecho de acceso a la jurisdicción, diseñado en el caso de las diligencias de expropiación, para discutir el quantum de la indemnización, de manera sumaria y célere. Adicionalmente, supone un costo adicional, en recursos económicos y temporales, para el expropiado, al tener que asumir los gastos de un proceso ordinario que no fue diseñado para conocer y resolver tales extremos”, aclaró la Sala en recientes fallos.

Expectativa de pago

Ante esas resoluciones de la Sala Constitucional, el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, giró en junio una orden al DABI para confeccionar un avalúo por afectación comercial contra el restaurante donde laboran 27 personas.

El empresario confirmó que se está en ese proceso de cálculo y, si todo es fluido, esperaría tener el otro mes el monto estimado por el Ministerio.

“Ha sido un proceso largo de 28 meses desde que nos dieron la noticia de que se iba a pagar el avalúo por el derecho comercial. Era un estrés tremendo porque creímos que nos iban a echar sin el pago del derecho comercial”, explicó Huezo.

Consultado sobre cuál es su expectativa económica, Huezo señaló que “al menos ¢750 millones o más” y declinó referirse al pago ya realizado por el terreno y el edificio del restaurante.

Esa expectativa coincide con los ¢769 millones que la Dirección de Aviación Civil canceló en el 2015 al dueño del antiguo restaurante La Candela por derecho comercial, debido a la compra de terrenos localizados en el sector sur del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Por el terreno del local, necesario para obras de ampliación de la terminal, se pagaron ¢149 millones: ¢918 millones en total.

“Yo debí ser indemnizado hace tiempo y estoy claro que el inmueble ya pertenece al estado pero, como no se me ha indemnizado, no puedo salir de aquí sin primero resolver eso. Ese es mi derecho constitucional”, enfatizó.

El creador de este bar y restaurante, cuyo estilo describe como un “american Bistro”, aclaró que cuando se haga ese pago podrá buscar un nuevo local donde nuevamente colgar las características lámparas de colores, decorados en madera y cuadros y adornos alusivos a la cultura pop de los años 40 y 50 de su restaurante.

Cuando cese la operación, a inicios del 2019 en Montes de Oca, el plan sería abrir el nuevo Friday´s en algún punto sobre carretera vieja a Tres Ríos. Por ahora, desconoce si construirá un nuevo edificio o compraría uno ya en pie para remodelación.