Recope gasta dinero cobrado a usuarios de combustible en inversiones carentes de análisis de riesgos, factibilidad financiera y certeza sobre su conveniencia. Ni siquiera vigila si se cumplen los presupuestos aprobados para los proyectos.
Ese es el panorama que halló la Controlaría General de la República (CGR) sobre cómo gestiona inversiones la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), según el informe DFOE-AE-IF-00010-2020 del 7 de diciembre anterior.
Dicho informe revela que tales fallas explicarían porqué la refinería planificó gastos en inversiones por ¢34.000 millones en el 2019, pero solo ejecutó el 47% (unos ¢16.000 millones).
Por ejemplo, en su portafolio de obras previstas entre 2018 y 2024 (actualizado a setiembre del 2019), la empresa incluyó inversiones sin confirmación formal de que eran factibles y aunque la Junta Directiva ordenó revisión antes de incluirlas.
El ente contralor también señala que Recope ni siquiera ha nombrado un director para su portafolio de inversiones o actividades de gestión de riesgos ni define quién debe asumir responsabilidad por los trabajos.
En una gestión adecuada de portafolio, explica la CGR, “es fundamental” que cada inversión prevista cumpla una fase de preinversión cuando se elaboran estudios de mercado, técnicos, de riesgo a desastres, ambientales, legales y administrativos, financieros y económico-sociales.
Indicó que esos estudios bajan la incertidumbre para decidir si se hace o no una inversión, para priorizar cuál y cuándo es el momento óptimo para iniciarlas.
A su vez, agregó, propician la asignación de dinero de la forma más eficiente, “lo cual resulta relevante en un contexto de recursos cada vez más escasos” se lee en el documento.
Nada de eso ocurre en Recope; ni acciones ligadas a transparencia o rendición de cuentas; precisa la CGR.
Al respecto de estos hallazgos, Alejandro Muñoz Villalobos, jerarca de Recope, explicó que ese análisis de la CGR responde a una “vieja estructura que era poco operativa y desconectada” pero que ya ha sido desarticulada en su administración como parte de mejoras generales.
Por otra parte, el informe aclara que el control en la ejecución de proyectos solo es obligatorio en inversiones estratégicas de la gerencia de Desarrollo, pero se excluyen las operativas a cargo de la gerencias de Distribución y Ventas y de Operaciones.
En esas dos gerencias, se hallaron problemas en los informes mensuales de facturación para los proyectos de una planta de emulsiones asfálticas y un tanque para combustible de aviación en el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia (Guanacaste).
El documento indica que en ambos casos no hay una acreditación formal de avances, plan de trabajo actualizado y verificación de las condiciones de salud, ambiente, seguridad y riesgo del personal en ambos emprendimientos.
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También señala que en tres de 14 reportes mensuales de facturación del proyecto de la planta asfáltica faltaban las firmas del contratista y del jefe del proyecto por parte de Recope. En otro informe faltaba la firma del citado funcionario.
En relación con el proyecto del tanque para combustible de aviación, de 12 informes mensuales de facturación oficiales; solo 10 tenían la firma del jefe de proyecto en Recope.
Al respecto Muñoz agregó que en la actualidad ya no existe la Gerencia de Desarrollo, ni existen duplicidades y está reestructurando el portafolio de inversiones de conformidad con el nuevo plan estratégico de la empresa, que entró a regir este año.
“Todo esto dentro del plan de transformación de la empresa, pero obviamente el análisis de la CGR responde a la vieja estructura y todo esto se está corrigiendo este año y esperamos, que el próximo año toda esta historia será muy diferente”, agregó el jerarca.
Problemas y gasto
¿Y qué consecuencias trae el hallazgo de la Contraloría? Según esta, Recope invierte sobre bases indecisas al anularse la posibilidad de prever, evaluar y responder con tiempo a riesgos y otros imprevistos que podrían terminar pagando los consumidores de combustibles.
Además, los proyectos pueden ser inadecuados por insuficiente alcance, exceso de costos y plazos constructivos; entre otros.
A manera de ejemplos, el informe menciona “obras en oleoductos y sistemas para la prevención de derrames que podrían demorar más de lo planeado y resultar más costosas para el país”.
Como no hoy procedimientos para control y supervisión de la ejecución de obras, añade el documento, tampoco es posible monitorear su avance o cualquier acontecimiento en estos para garantizar que se desarrollan con las especificaciones, presupuestos y cronogramas de ejecución aprobados.
Oscar Acuña Céspedes, director de planificación de Recope, añadió que eran conscientes que tenían oportunidades de mejora.
“Había temas de enfoque de procesos y eso se corrige con la nueva reestructuración que hay en curso. Con apoyo de la administración hemos venido en un proceso con otra política de inversión y una guía para proyectos de inversión de capital, revisado procedimientos y estamos en la conformación del portafolio de proyectos”, agregó Acuña.
El funcionario reiteró que ya elaboran el portafolio y trasladarán personal para crear una oficina de control de proyectos estratégicos la cual gestionará el portafolio general de la empresa.
Asunto recurrente
Esta no es la primera vez que se llama la atención a Recope por su desorden para emprender obras.
En el 2018, la Refinadora intentó cargar en las tarifas que pagan los consumidores de combustibles ¢88.572 millones por inversiones que incumplían requisitos o no tenían avances, según determinó la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La detección de esa irregularidad apareció mientras se analizaba una solicitud que planteó la Refinadora para el ajuste ordinario de ese año.
Se trata de un incremento en los combustibles para financiar gastos y operaciones de la entidad, el cual se realiza una vez año.
El problema es que en aquella solicitud se descubrieron errores de fondo que, según Aresep, los dejó “preocupados”.
Descubrió, por ejemplo, que de 38 componentes de inversión planteados en la petición de ajuste, solo uno cumplió los requisitos documentales y tenía el avance verificado en las inspecciones de campo.