La Procuraduría General de la República (PGR) no encontró elementos para declarar la “nulidad absoluta, evidente y manifiesta” de la concesión entregada al tajo Asunción.
La cantera, ubicada en Matama de Limón, tiene el material rocoso para construir la nueva terminal de contenedores de Moín (TCM).
No obstante, la obra enfrenta cuestionamientos ambientales y administrativos desde hace varios meses.
Silvia Patiño, procuradora de Derecho Público, explicó que el procedimiento de “nulidad absoluta, evidente y manifiesta” solo se aplica para casos en los que no hay duda de irregularidades o errores.
“Nosotros no nos pronunciamos si existe algún otro tipo de nulidad que no sea de esta naturaleza.
”Señalamos que cualquier pronunciamiento que se haga, en este caso, deberá discutirse en la vía judicial”, dijo Patiño.
El criterio de la PGR había sido solicitado, desde mayo anterior, por el presidente Luis Guillermo Solís.
En las conclusiones, la Procuraduría insta al Gobierno a “valorar” una investigación del otorgamiento de la viabilidad ambiental para el tajo y si la concesión –dada a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio– se encuentra dentro del margen de protección del río Banano, en Limón.
Precisamente, esa compañía envió ayer un comunicado de prensa en el que aseguraba que la Procuraduría daba “luz verde al tajo Asunción”.
“Eso es una descontextualización del dictamen, porque lo que estamos haciendo es rechazar una vía específica para declarar la nulidad en vía administrativa, pero eso no menoscaba la posibilidad de que la nulidad se discuta en vía judicial”, añadió Patiño.
La Nación llamó a Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, para conocer su criterio sobre esta resolución, pero dijo que no ha podido revisarla.
“Celebramos este pronunciamiento de la Procuraduría porque cierra, de manera definitiva, el capítulo de duda sobre la posible nulidad absoluta”, detalló Róger Barboza, abogado de la concesionaria.
Disputa ambiental. Desde junio del año pasado, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sostiene que la operación de la cantera afectaría la cuenca del río Banano.
La explotación del tajo Asunción está paralizada por un recurso de nulidad presentado por Acueductos.
Yamileth Astorga, presidenta del AyA, afirmó que esa acción se presentó porque la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no les consultó sobre este tajo, antes de dar la viabilidad ambiental al proyecto.
“Setena no hizo la consulta obligada a la institución, cuando se hace eso se da la oportunidad de emitir un criterio técnico, pero ese paso no se hizo”, agregó.
La jerarca añadió que la resolución de la PGR no cambia la posición del Instituto.
Otro de los puntos polémicos es que, según la Dirección General de Minas, la concesionaria no demostró la titularidad del terreno en el que pretende desarrollar la cantera.
Sobre este punto, la PGR concluye que hay excepciones en el Código Minero que permitirían la operación del tajo, pese a que la compañía no demuestre que el tajo les pertenece.