Plan para construir Ciudad Gobierno se atasca en fase de estudios

Cooperación del BID no alcanzó para completar análisis de preinversión, por lo que se busca ampliar contrato con consultoras

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Aunque el Gobierno anunció que el plan para construir un complejo de edificios para 16 ministerios y otras entidades comenzaría su construcción este 2022, a la fecha no se han completado los estudios que debían estar desde setiembre del año pasado.

El proyecto Ciudad Gobierno está a cargo del Ministerio de Planificación (Mideplán) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y la fase de preinversión se realizaba mediante una cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin embargo, dicha subvención no alcanzó para completar los análisis necesarios para la elaboración del cartel y ahora dependen de una ampliación en el acuerdo con la entidad financiera.

“Hemos topado con problemas, los estudios que entregó Mideplán confeccionados con un subsidio del BID están bastante completos y buenos, pero hay cosas medulares que falta completar. Le comentamos a Mideplán que en el CNC ni me dan plazas, ni me dan recursos, estoy trabajando con las uñas y muy ocupado con lo de la ruta 27 (ampliación de la concesión) que es lo que más nos tiene corriendo y no tengo tiempo de hacer esas cosas, entonces Mideplán había quedado de lograr una ampliación del contrato que tenían con las consultoras para concretar los aspectos cartelarios y contractuales, que es en lo que más necesitamos ayuda”, explicó el secretario técnico de Concesiones, José Manuel Sáenz.

De acuerdo con el funcionario, a la fecha no han recibido la comunicación oficial de que el BID va a apoyar en la conclusión de los estudios, pero según supo, el acuerdo está casi listo. A partir de que se complete esta fase preliminar, al CNC le tomaría alrededor de dos meses para revisar la información y publicar el cartel.

“Ellos entregan el cartel, nosotros lo revisamos; hay algunas cosas muy propias del CNC y el Gobierno. Ellos entregaron un machote pero está bastante incompleto, hay aspectos que tenemos que pulir en cuanto al alcance de qué es lo que se requiere, pero yo no tengo expertos en materia inmobiliaria y arquitectónica que puedan ayudarnos, son detalles que requieren, no de una propuesta, sino de una discusión del Gobierno en cuanto a las bondades de esa propuesta”, agregó Sáenz.

Según él, lo entregado por el Banco Interamericano corresponde a un 90% de lo que se necesita para avanzar a la siguiente etapa, pero que el 10% que falta es “medular”.

El encargado de concesiones descartó que para mayo, cuando se acaba este gobierno, sea posible tener adjudicado el proyecto, que se ubicaría en los alrededores de Plaza González Víquez, en San José. De esta forma, no sería hasta inicios del 2023 que podrían iniciarse los trabajos de construcción, en caso de que la etapa de licitación se concrete en el segundo semestre de este año.

Aparte de las demoras en esta fase de estudios, el Estado debe completar una serie de condiciones previas a la concesión del proyecto. Por ejemplo, antes de empezar el contrato deberán demoler los edificios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y concretar las expropiaciones de 13 terrenos para dar paso al complejo de 153.000 metros cuadrados (m²).

Dentro de esa fase también es necesario el traslado del plantel de pruebas de manejo ubicado en Plaza González Víquez a la Ciudad Vial, cerca del Parque de la Paz. Dicho movimiento también está retrasado.

“Todo eso queda como uno de los compromisos del Estado para lograr el cierre financiero, los que financian no van a soltar la plata si no tienen la seguridad de que el Estado ha cumplido esa parte”, advirtió Saénz.

Proyecto en detalle

La Ciudad Gobierno comprende un complejo en el que se ubicarían 16 ministerios en ocho edificios.

Esta obra se construirá mediante una concesión a 30 años, con la cual el Poder Ejecutivo pretende generar un ahorro en alquileres y mantenimiento de inmuebles, por los que se pagan $42,5 millones anuales.

Las estimación es que al final de la concesión, el Estado haya generado un ahorro de $357 millones; no obstante, durante los primeros años la economía será de $1,5 millones anuales e irá aumentando hasta los $50 millones en el último año.

Se prevé que unos 8.393 funcionarios públicos laboren en estas instalaciones. El plan incluye 3.500 m² de uso comercial.

Según los cálculos iniciales, los espacios de trabajo para los empleados públicos se optimizarían (contempla 117.000 m² de oficinas), considerando las nuevas políticas de teletrabajo, con lo que se estima que el 20% del personal laboraría en esa modalidad.

De acuerdo con los estudios, el proyecto tendría un costo de $318 millones que serán asumidos por la concesionaria que gane el concurso, la cual recuperará su inversión con los pagos del Estado que rondarían los $50 millones anuales.

La otra vía de recuperación serían los alquileres de espacios comerciales por los cuales recibiría $74 millones en todo el plazo de la concesión.

Una vez concluido el contrato, las edificaciones pasarían a manos estatales.

Además del ahorro en alquileres y mantenimiento, la intención es generar un beneficio a los usuarios que podrán realizar las gestiones en menos tiempo y sin tener que desplazarse para acudir a las diferentes entidades, pues estarán concentradas en un mismo lugar.

En mayo del año pasado se había anunciado que la construcción daría inicio en el 2022 y que el traslado de las instituciones arrancaría en el 2025, pero evidentemente los plazos deberán modificarse.

El plan de Ciudad Gobierno fue declarado de interés público en octubre del 2015 por el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pero había quedado varado hasta el año anterior cuando se retomaron los estudios.