Solo la primera etapa del proyecto de ampliación de la ruta 27 se ejecutaría durante este gobierno, según declaraciones dadas este lunes por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.
El jerarca no detalló cuál será el plan que seguirá para desarrollar la obra. Se limitó a indicar que se mantienen conversaciones con la empresa Ruta 27, concesionaria a cargo de la carretera que une San José con Caldera, al tiempo que el Ministerio de Hacienda busca recursos para financiar el proyecto, al menos en una primera etapa.
Amador reiteró, además, la pretensión de pedir un préstamo a Arabia Saudita, pues había un ofrecimiento verbal en esa línea. Todavía dependen de los estudios de tráfico actualizados que debía desarrollar la concesionaria.
“Estamos explorando otra forma de financiar aunque sea la primera etapa, que es la más crucial”, añadió sin especificar cuál sería este posible tercer mecanismo de financiamiento. Según él, las otras secciones quedarían “avanzadas”.
Aunque el Gobierno no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la concesionaria Ruta 27 asuma la expansión de la vía y por ende sea necesario extender el contrato, lo que sí confirmó el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), semanas atrás, es que la ruptura anticipada de ese acuerdo se descartó, debido al alto costo que representaría indemnizar a la empresa.
En caso de que el Gobierno obtenga los recursos de una fuente externa, las obras se ejecutarían dentro de la misma concesión, pero al ser financiadas por el Estado no requerirían de una extensión del plazo, que originalmente vence en el 2033.
Cuatro etapas
El plan de ampliación de la ruta 27 entre San José y Puerto Caldera, originalmente se dividió en cuatro secciones.
Este lunes, durante la atención a los medios de comunicación que asistieron a la inauguración del viaducto en el hundimiento del km 44, el ministro indicó que el proyecto tiene un costo de $600 millones e hizo referencia a las citadas cuatro etapas.
Sin embargo, posteriormente, al reafirmar que la intención es ejecutar “por lo menos” la primera sección, el jerarca sostuvo que esta iría desde San José hasta el cruce de Orotina, abarcando zonas como La Guácima y Turrúcares de Alajuela, lo cual no coincide con las cuatro secciones establecidas en el proyecto original.
El plan presentado por la concesionaria detalla que la primera sección iría del Gimnasio Nacional a la intersección de Siquiares; la segunda etapa en intervenir sería de Siquiares a Balsa de Atenas; posteriormente se intervendría el trayecto entre Atenas y Orotina, y la última sección comprendería el trayecto entre Orotina y Caldera.
Amador aseguró que actualmente ya se cuenta con casi todas las expropiaciones que se requieren para la primera etapa.
Desde el inicio de la actual administración, tanto el presidente Rodrigo Chaves como el jerarca del MOPT han mostrado inconformidad con el contrato de concesión, por lo que las negociaciones que se tenían avanzadas con la empresa para llevar adelante la ampliación estuvieron suspendidas durante más de un año.
En agosto de este año, la entonces secretaria técnica de Concesiones, Dahianna Marín, confirmó que se retomarían las conversaciones con la empresa, luego de determinar que el costo de romper el contrato era muy elevado.
No obstante, desde setiembre del año pasado, el Ejecutivo sabía que poner fin a la concesión de manera anticipada implicaría una indemnización de $350 millones a $700 millones, pese a eso, todavía en noviembre se hablaba de la intención de “quitar de encima a la empresa” y empezar de cero.
El plan de ampliación presentado por la empresa estimaba que se requerían $650 millones para completar la obra. Para hacer frente a esa inversión, también se acordó que los peajes deberían aumentar entre un 25% y 40% y se debería extender la concesión al menos 15 años.
La necesidad de ampliar la ruta entre San José y Puerto Caldera, se evidenció desde el 2014, cuando la vía tenía apenas cuatro años de haberse puesto en operación.