El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordaron encargar la supervisión del proyecto de ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
De acuerdo con la información divulgada la noche de este martes, la contratación de UNOPS se hizo de manera directa mediante un memorandum de acuerdo que se firmó el pasado 17 de noviembre.
En el comunicado enviado por el Conavi, el director de ese Consejo, Mauricio Batalla, argumentó que la contratación directa de UNOPS es una “posibilidad establecida” en la ley que rige el proyecto de ampliación de la ruta 32.
La asignación de esta agencia como gestor del proyecto, se da luego de que el Conavi tuviera que declarar desierta la licitación mediante la cual, desde junio anterior, buscaban contratar a una nueva empresa fiscalizadora. Ese proceso no prosperó porque las empresas que participaron no cumplieron con los requisitos cartelarios.
La ampliación de la carretera se encontraba sin supervisión desde inicios de octubre, debido a que el Conavi decidió no renovar el contrato con la empresa Cacisa-Camacho y Mora, pues dijeron que se hallaron irregularidades durante su gestión que fueron señaladas en una auditoría externa.
Desde entonces, la obra recibía una supervisión limitada por parte de la misma unidad ejecutora del proyecto.
El contrato con UNOPS se extenderá por un año, fecha en la que, según el gobierno, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) completaría la ampliación de los 107 kilómetros (km) de carretera.
Actualmente, las obras, que arrastran más de tres años de atraso, tienen un avance del 83%.
Adicionalmente, el MOPT indicó que en los próximos días mantendrán reuniones con una delegación del Exim Bank de China, entidad que financia la obra, a fin de solicitar una extensión del crédito.
La necesidad de esa prórroga obedece a que el préstamo para completar los trabajos vence en abril del 2024 y el MOPT ya otorgó a CHEC una prórroga para completar los trabajos a diciembre de ese mismo año, por lo que de no contarse con dicha ampliación por parte del banco, los trabajos quedarían desfinanciados.
Las obras contratadas a CHEC incluían la ampliación a cuatro carriles de 107 km, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Sin embargo, 11 de los pasos a desnivel e intercambios ahora serán rotondas, según el MOPT,como una medida para reducir costos y agilizar obras ante el faltante de decenas de terrenos que no han sido expropiados.
El costo inicial se estimó en $534 millones, de los cuales $465 millones provenían del financiamiento con el Eximbank, y los restantes $69 millones correspondían a una contrapartida estatal. Sin embargo, el gobierno estima que se requieren unos $157 millones para completar los trabajos y pagarle a CHEC una serie de reclamos presentados y obras que no han sido canceladas.