Las interrupciones en el tránsito ocasionadas por proyectos viales, no deberían implicar atrasos de más de 30 minutos a los usuarios de las vías afectadas.
De acuerdo con Henry Hernández, ingeniero de la Unidad de Seguridad Vial y Transportes del Laboratorio Nacional de Materiales (Lanamme), el Reglamento de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito exige la presentación de un plan cada vez que se lleven a cabo obras viales con cierres parciales o totales. Este plan debe incluir el ordenamiento vial, indicando rutas alternas debidamente señalizadas.
Además, dependiendo de la magnitud del proyecto, la entidad a cargo debe realizar publicaciones en medios de comunicación nacionales al menos 15 días antes de la interrupción del tránsito. Hernández agregó que estos planes de control de tránsito deben evaluar el impacto de las obras.
Según los manuales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), uno de los principios fundamentales para el control temporal de tránsito es garantizar la fluidez del mismo. Además, enfatizan la necesidad de coordinación entre el ente rector y los responsables de las obras para implementar medidas que minimicen el impacto en los usuarios.
Hernández subrayó que los planes de manejo de tránsito aprobados por el MOPT deben garantizar “la seguridad y conveniencia” de todos los usuarios, limitando las demoras a un máximo de 30 minutos.
Aunque no se detallan medidas de mitigación específicas, el ingeniero aclara que estas pueden incluso contemplar la construcción de rutas alternas, enfatizando que cualquier acción debe estar respaldada por un análisis para determinar las medidas más efectivas según el proyecto y la vía intervenida.
‘No era requisito’
El Plan de Manejo Vial presentado para la construcción del nuevo puente en el bajo los Ledezma únicamente consideraba desviar el tránsito de esa ruta cantonal.
Manuel Ordeñana, ingeniero de la Municipalidad de San José a cargo de la obra, explicó que el documento fue revisado y aprobado por el MOPT, pero no incluía recomendaciones para aliviar la congestión resultante del cierre.
El ingeniero insistió en que entre los requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los proyectos financiados bajo el programa BID-Cantonal, nunca se incluyen estudios de impacto vial que justifiquen medidas adicionales. Solo se exige la presentación de planes de manejo de tránsito, que definen vías alternas y desvíos y por esa misma razón ese tipo de análisis más detallados no son cubiertos por el préstamo.
El documento revisado y avalado por el MOPT recomendaba la divulgación masiva en medios de prensa y canales oficiales del Ministerio y la Municipalidad. Además, proporcionaba indicaciones sobre dispositivos de regulación de tránsito que se debían instalar en los puntos de cierre así como la información sobre las rutas alternas disponibles.
Adicionalmente sugería la fiscalización por parte de la empresa y el MOPT, con al menos dos visitas semanales para evaluar el impacto de las obras en la viabilidad. También establecía una evaluación posterior a la implementación del plan para determinar mejoras necesarias.
La Nación consultó al BID sobre la ausencia de estudios de impacto vial en los requisitos del programa y si considerarán este aspecto en futuros proyectos. Sin embargo, la respuesta estaba siendo gestionada por la agencia de comunicación al cierre de esta nota.