Una mala gestión por parte del MOPT durante la construcción de la carretera Vuelta de Kooper-Bajos de Chilamate, inaugurada en 2017, provocó que se pagarán ¢17.000 millones más de lo presupuestado por la obra.

Ahora, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como la Contraloría General de la República (CGR) intentan determinar si hubo responsabilidad de funcionarios en el incremento del costo. De ser así, estos se enfrentarían a procesos administrativos y eventualmente judiciales.

En el caso de la Contraloría, trabaja desde el año pasado para sentar esas responsabilidades luego de que revelara las inconsistencias del MOPT que provocaron el aumento mediante el informe DFOE-IFR-IF-00007-2019 de julio pasado.

La construcción de la ruta de 27 kilómetros comenzó en el 2013 con costo inicial de ¢25.318 millones y un plazo de ejecución de dos años. Al final, fueron necesarios cuatro años y ocho meses, y costó ¢42.363 millones.

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“El área de Infraestructura de la CGR realizó ya la investigación preliminar y ahora se está haciendo la valoración jurídica de lo procedente. No podemos adelantar criterio al respecto pero el caso ahora lo tiene la División Jurídica de la CGR”, contestó el órgano contralor al ser consultado por La Nación.

Entretanto, en el MOPT la investigación preliminar comenzó a inicios de este año, según confirmó el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa.

“La investigación preliminar lo que nos tiene que arrojar son los elementos que nos digan si hay que abrir un órgano director. En esas instancias lo que se busca es que los funcionarios a los que se haya identificado que tienen presuntamente alguna responsabilidad, se aplique el debido proceso y se les dé el espacio para defenderse", explicó.

De esta forma, según Figueroa, será la pesquisa preliminar la que indique si hay eventuales responsables. Se espera tener los resultados en dos meses.

Si se determina que se incurrieron eventuales faltas, se abriría un procedimiento administrativo que implica la posibilidad de establecer sanciones.

Figueroa dijo desconocer los resultados de lo investigado por la Contraloría hasta el momento.

Sobreprecio

La carretera entre Bajos de Chilamate, en Sarapiquí, y Vuelta de Kooper, en San Carlos fue inaugurada en agosto del 2017 por el entonces presidente Luis Guillermo Solís y el entonces jerarca del MOPT, German Valverde.

Su objetivo fundamental era agilizar el paso de productos que vienen de la zona y se dirigen a los puertos de Limón.

De acuerdo con el informe inicial de la Contraloría, de los cuatro años y ocho meses que tomó la construcción, un año y 10 meses constituyeron atrasos atribuibles a la Administración.

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Entre las causas de los atrasos está que se iniciara la construcción con diseños desactualizados, lo que implicó obras adicionales y nuevos permisos que se tramitaron en el camino.

Además, la constructora Sánchez Carvajal recibió la orden de inicio sin que se hubieran completado las expropiaciones, ni se tuvieran los permisos de tala de árboles y ambientales.

Este rezago hizo necesario que se le otorgaran días adicionales tanto a la constructora como a la empresa supervisora, lo que redundó en costos mayores.

Asimismo indicó el informe de la Contraloría, se reconocieron días extras a la empresa por malas condiciones climáticas, a pesar de que no se contaba con la evidencia suficiente para acreditar esos eventos.

Así detalló el informe, al contratista y a la empresa supervisora se les otorgaron 646 días por eventos compensables y 321 días por malas condiciones climáticas.

El origen de todos estos problemas, determinó la Contraloría, fue la falta de sistemas de planificación y gestión de proyectos.

Cinco años sin actualización

De acuerdo con el informe de la CGR, elaborado dos años después de la puesta en marcha de la carretera, entre la fecha en que se finalizaron los diseños y el inicio de la construcción pasaron cinco años, durante los cuales no se hizo ninguna actualización del proyecto.

Eso significó que al dar la orden de inicio, no se consideraran variaciones que podían haber ocurrido en el entorno del proyecto, como por ejemplo la necesidad de obras de seguridad vial, accesos o pasos a desnivel que luego debieron añadirse al contrato, aumentando no solo el plazo sino que también los costos.

Uno de los puntos señalados por la Contraloría y que dieron pie a la recién concluida investigación es que durante la ejecución, el MOPT utilizó la práctica de aumentar las cantidades de obra de algunos renglones de pago, e incluso de crear renglones nuevos, mediante el desfinanciamiento de otros ítems necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, lo cual realizó mediante las denominadas Órdenes de Modificación (OMs) de ‘Ajuste o Variación de Cantidades’.

Esas órdenes implicaron cambios en los renglones de pago y varios aumentos en los montos. Así, por ejemplo, una de las más importantes fue por ¢10.687 millones, lo que significó un aumento del 42,2% al contrato y un plazo adicional de 225 días.

En sus conclusiones, el ente contralor indicó que si llegaba a determinar que se hicieron pagos de más por ese reajuste de precios no apegado a la normativa, la Administración debía hacer lo necesario para recuperar dichos recursos.

“Estas debilidades se presentaron a pesar de la existencia en el proyecto de dos organismos de control: una Unidad Ejecutora creada por el MOPT con la responsabilidad general de la ejecución del proyecto y una empresa consultora, especialmente contratada para brindar a la Unidad Ejecutora servicios de inspección y administración del proyecto de construcción”, indicó además la Contraloría.

La carretera entre Chilamate y Vuelta de Kooper, representa actualmente un ahorro para los conductores, principalmente transportistas de carga que pasaron de recorrer 87 kilómetros a solo 27 km entre los puntos de inicio y fin, pues se evitan pasar por Aguas Zarcas, Venecia (San Carlos), Río Cuarto, San Miguel y La Virgen (Sarapiquí).