El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció el fin de una era al descartar la construcción de más plantas hidroeléctricas propias; decisión que aliviaría la presión sobre las tarifas de electricidad de hogares y empresas costarricenses.

La decisión la aplaudió el sector industrial que históricamente ha criticado al Instituto por el alto costo de sus inversiones por su impacto en la factura eléctrica.

Hazel Cepeda Hodgson, gerenta general del Instituto, confirmó a La Nación que la entidad no prevé nuevas obras de generación eléctrica propias en al menos siete años.

Su previsión es que será hasta el 2027 cuando revise si es necesario aumentar la capacidad para la generación y, de ser así, optará por generación geotérmica.

“Si bien el ICE en próximos años no entrará en la construcción de nuevos proyectos, el análisis y planificación de la matriz energética dicta que al 2027 revisemos si debemos emprender un nuevo proyecto al terminarse la vida útil de algunas de nuestras plantas. De ser así, sería en geotermia donde hay un gran potencial”, explicó Cepeda en una entrevista con La Nación, el 23 de enero.

Al consultarle si ello implicaba para el ICE desistir de nuevas hídricas, contestó: “Definitivamente. Lo que sí trabajaremos será investigación y desarrollo en forma muy prudente en geotermia", agregó.

Las palabras de Cepeda también se reflejan en el actual Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2018-2034, la hoja de ruta del Instituto en cuanto a obras para electricidad.

En ese plan, el ICE determina que en el país hay capacidad para desarrollar hídricas pero la mayoría de ríos se localizan en territorios indígenas o parques nacionales; circunstancia que legalmente impide levantarlas.

Por ahora, el Instituto proyecta para el año 2034 la posible expansión de seis de parques geotérmicos propios y ya en operación, un parque eólico también propio (hay otros seis previstos, pero de capital privado) y dos proyectos solares privados.

Al momento de la publicación del plan, en mayo del 2019, también incluía tres plantas hídricas privadas.

Una era la planta San Rafael, en San Pedro de Pérez Zeledón, a la cual el Ministerio de Ambiente y Energía rechazó darle la declaratoria de conveniencia nacional que la empresa Grupo H Solís-GHS S.A. solicitó. Por esa razón, el proyecto ya no seguirá.

La evolución del ICE cómo seguirá atendiendo la demanda llega en momentos cuando ya las plantas hídricas aportan al menos 69% de la energía del país, según datos a 2019, mientras la geotermia pone 13,5% y la eólica 15,4%.

Al 2012, en cambio, el reparto era otro: las plantas hidroléctricas aportaron 72%, y las geotérmicas y eólicas, 14% y 5,2%, respectivamente. Encima, 8% de aquel consumo vino por quema de hidrocarburos (generación térmica).

Decisión correcta

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), afirma que el rumbo del ICE responde a una “decisión lógica desde el punto de vista tarifario”.

Para él, el cambio sigue el camino de otros paíse, dado el impacto del cambio climático el cual alteró los patrones de lluvias necesarias para los embalses de generación.

“La tendencia mundial es la generación desconcentrada, porque las grandes plantas, como las hídricas, hoy son vulnerables al cambio climático, muy costosas y de alto riesgo financiero frente a tecnologías más baratas, como operaciones de generación distribuida con fuentes limpias como geotermia, eólica y solar”, afirmó.

Édgar Gutiérrez, exministro de Ambiente y Energía (2014-2018) coincidió en que se trata de un cambio acertado.

“Los ríos ya los hemos sobreexplotado mucho”, manifestó el exjerarca quien durante la administración pasada (2014-2018) incluso criticó lo que considera “una alta dependencia del país a la hidroelectricidad.

“La geotermia es barata y el ICE debería apostar más a solar y eólica por ser también más económicas. En cualquiera de las tres, la tecnología disponible es mucho más ahorrativa que la hídrica, la cual requiere una inversión económica muy alta que afecta los precios y un gran sacrificio ambiental. Yo mismo me opuse a la planta El Diquís por ello”, agregó.

Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores Energía (Acope) opinó que la declaración de Cepeda coincide con el Plan de Expansión de la Generación 2018-2034 y, por ello, no se observan implicaciones particulares para la generación privada, eso sí, no comparte que vaya a tener algún impacto específico en las tarifas.

El último plan: El Diquís

Todavía a junio del 2017, los anteriores directivos del ICE defendían la construcción de la hidroeléctrica El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas y prevista para el 2024.

Alegaban su supuesta necesidad para satisfacer un aumento en la demanda, venderle servicios de respaldo eléctrico a Centroamérica y crear un polo de desarrollo en una zona económicamente deprimida.

Con 650 megavatios de capacidad, la idea de esa planta incluía inundar parte de territorios indígenas y sdemás permaneció varada por dos décadas.

En ese lapso, se gastaron al menos $146 millones en estudios en el marco de una inversión que pasó de un costo inicial de $1.402 millones en el 2007 a $3.646 millones al 2014.

En noviembre del 2018, Irene Cañas, jerarca actual del ICE, descartó para siempre la fallida iniciativa por una caída en el consumo nacional de energía y en consideración a la capacidad eléctrica instalada; suficiente para atender la demanda a futuro.

Dos años antes, en el 2016, la Contraloría General de la República reveló que las estimaciones de consumo eléctrico del ICE para los últimos 8 años resultaron muy por encima de la demanda real, lo cual implicó que la entidad planificara la entrada en operación de un número mayor de plantas de generación eléctrica en relación a las necesidades reales del Costa Rica.

Al respecto, la Contraloría aseguró que incluir proyectos con costos de inversión y operación mayores a los necesarios, traía una “consecuente afectación de la tarifa eléctrica y de la competitividad del país”.

La propia Contraloría atribuyó al ICE omisiones, debilidades e inconsistencias financieras en etapas previas a la construcción de la planta hidroeléctrica Reventazón, en Siquirres, Limón, cuyo valor inicial era $757 millones y terminó en $1.567 millones (107% de diferencia) lo cual impactó tanto el equilibrio financiero del Instituto como las tarifas.