Los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) investigados por el Caso Cochinilla fueron reubicados en otras entidades de Gobierno, mientras que cinco se pensionaron o dejaron sus puestos.
De acuerdo con la información del Conavi, entre las personas que contaban con medidas cautelares, los imputados Rivera Campos y Madrigal Rímola se acogieron a su pensión, mientras que Sánchez Castro y Zúñiga Fallas renunciaron. A otra de las empleadas de apellido Chaves se le venció su nombramiento.
La dirección de Recursos Humanos no detalló cuantos de los trabajadores investigados fueron reubicados en otras instituciones distintas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o al Conavi, tal como lo había ordenado el juez penal Felix Castellón en una resolución emitida el pasado 3 de noviembre.
Según el expediente judicial, la Fiscalía investiga al menos 12 trabajadores del MOPT y Conavi, a quienes el juez ordenó medidas cautelares como la reubicación funcional en un puesto laboral equivalente, pero en una institución pública distinta.
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Varios de estos funcionarios, ocupaban puestos de gerencias y jefaturas en el Conavi, principalmente en áreas como Proveeduría Institucional, Tesorería, Finanzas y Asesoría Jurídica; además, había ingenieros ligados a conservación vial o supervisión de proyectos.
Entre los presuntos delitos investigados, están dádivas a empleados públicos por parte de empresarios de la construcción a cambio de asignación de contratos de conservación, modificación de informes de supervisión y agilización del pago de facturas.
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Esos favores habrían sido pagados con dinero, vehículos, terrenos, viajes y hasta favores sexuales.
En torno a este caso, que se investiga en el expediente N.° 19-000025-1218-PE, la Fiscalía informó a inicios de marzo de que sigue la fase preparatoria de investigación y que las medidas cautelares persisten para 27 físicas y 14 jurídicas.
Cuando se cumplió el primer año de los allanamientos, donde se detuvo a 30 personas, esa entidad informó que la cantidad de investigados llegó a 99 y que a todos se les indagó: se trata de 82 personas físicas y de 17 personas jurídicas. El caso es tan complejo que, solo en el primer año, implicó 600 audiencias judiciales.