Luego de los allanamientos que sacaron a la luz la supuesta corrupción en proyectos de carreteras, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se vio obligado a ajustar sus protocolos para la atención de empresarios y proveedores que acuden a las oficinas de la institución. Ahora el ingreso se hará solo con cita y con autorización previamente solicitada a las respectivas gerencias.
Con las nuevas reglas, dueños o empleados de constructoras que compiten por obtener proyectos no tendrán vía libre para ingresar a las instalaciones, como lo denunció el expediente judicial del llamado Caso Cochinilla, según el cual, esas personas entraban a negociar beneficios, agilización de facturas o preferencia en contratos.
La investigación de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial señala que al menos un empleado de MECO permanecía hasta hasta ocho horas diarias en la institución, como es el caso de Tobías Arce.
Tales revelaciones llevaron a la directora del Conavi, Hannia Rosales, a hacer los cambios. Ahora, dijo, el ingreso es “mucho más restringido” e incluso hay una directriz en elaboración para especificar cuál es el manejo que se debe dar a las empresas que acuden en busca de información o para realizar trámites.
“Es claro que somos una institución operativa, y que hay que tener relación con las empresa, pero de manera normada y controlada”, añadió Rosales.
De acuerdo con la jerarca, también están a la espera de la entrega del último informe del órgano interventor que se creó para investigar los hechos relacionados con el Caso Cochinilla, así como verificar el actuar de todos los funcionarios de la entidad y los procesos que podrían representar un riesgo para la operación del Conavi. Ese informe debe, además, brindar recomendaciones sobre los pasos a seguir para garantizar la operación y rendición de cuentas dentro de esa entidad.
Rosales aseguró que una vez que se cuente con el documento, se implementarán las modificaciones que ahí se indiquen.
Funcionarios suspendidos
Otro de los pendientes que tiene que resolver el Conavi es el tema de los puestos de ocho funcionarios que se encuentran suspendidos sin goce salarial mientras cumplen medidas cautelares. Según Rosales, a raíz de esta situación ha habido una sobrecarga en los colaboradores, por lo que se está solicitando permiso a la Autoridad Presupuestaria, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, para sustituir a los suspendidos en esas plazas.
No obstante, también deben esperar a que se aclare el futuro judicial de esos trabajadores, ya que el 26 de octubre se vence el plazo de la medida cautelar impuesta por el juzgado penal, para cuando deberá definirse si se prorroga o si ellos deben regresar a sus puestos. Entre esos funcionarios destacan gerentes y jefes de departamentos como Conservación Vial, Finanzas, Proveeduría y Tesorería.
De los implicados, 10 están directamente relacionados con Conavi y cuatro con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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Frente a todos los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Consejo, la directora destacó la labor de los empleados que siguen dentro de la institución, quienes, según dijo, se han visto afectados emocionalmente.
“El Conavi antes del 14 de junio es diferente al de hoy, emocionalmente ha habido afectación, pero a nivel de trabajo, la gente luego del impacto, se ha levantado con mucho ahínco, con muchas ganas de trabajar, gente que se tiene que incapacitar no se incapacita, la respuesta ha sido muy buena por parte de todo el equipo”, concluyó la actual directora.
En aquella fecha se realizaron los 57 allanamientos y las 30 detenciones relacionadas con la supuesta existencia de una red de corrupción dentro del Conavi en la que funcionarios recibían todo tipo de dádivas a cambio de favores para las empresas constructoras como agilizar pagos de facturas, información sobre procesos de contratación y beneficios en los procedimientos de contratación.
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Por esa situación, los únicos que cumplen prisión preventiva son los dueños de las dos constructoras más importantes del país Mélida Solís y Carlos Cerdas, de las empresas H Solís y MECO, respectivamente.