La rescisión de una adjudicación para levantar un parque de generación eólica expone a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) a una demanda por ¢20.000 millones.
Se trata del acuerdo para levantar el proyecto Ventus, en Tilarán, Guanacaste, que se alcanzó hace cuatro años, con la empresa Eaton Power S. A., pero que la Compañía decidió rescindir en marzo pasado, sin que, aparentemente, nunca se firmara el contrato.
En el convenio, la CNFL se comprometió a comprar la energía generada en la planta de 20 megavatios de capacidad instalada a lo largo de 20 años.
La inversión estimada ronda los $39 millones, conforme el Concurso de Adquisición No. 2014PP-000003-PROV, “Compra de energía eólica proveniente de plantas de generación nuevas, con una capacidad máxima de 20MW”. La obra, sin embargo, nunca comenzó a construirse.
Según Carlos Graffigna, vocero de Eaton Power, la CNFL los mantiene hace casi cuatro años en un “calvario de contradicciones legales y administrativas”, sin posibilidad de discutir si el proyecto podría darse en el futuro o bien, revisar las condiciones para vender la energía.
“Bajo cualquier circunstancia lo que deseamos es hacer el proyecto, incluso en el futuro. Y hemos intentado conciliar esto. Esto supone un costo muy alto, llevamos casi $6 millones invertidos desde que nos adjudicaron y no deseamos perder eso. Lanzarlo hacia adelante unos años es otro sacrificio, pero estamos dispuestos”, afirmó Graffigna.
La CNFL comunicó el 12 de marzo anterior que inició un procedimiento de rescisión contractual por interés público, que contempla la indemnización para Eaton Power S. A. por daños (gastos incurridos y obligaciones adquiridas durante la contratación) y perjuicios (lucro cesante).
Marco Sandoval, jefe de Proveeduría Empresarial de la institución, comunicó en el oficio 7010-0034-2019 del 12 de marzo anterior las razones de la Compañía.
Según esta, las tarifas hoy vigentes para la compra de energía son menores a la tarifa ofertada por Eaton Power, la cual, supuestamente, no puede ser reajustada.
Además, agrega, de acuerdo con el Plan de Expansión de la Generación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no se requiere la incorporación de nuevas plantas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya que cualquier aumento en la generación provocaría un incremento en los costos que repercutirían en todos los clientes del ICE.
“Para la CNFL es más conveniente adquirir la potencia y la energía que requieren sus clientes al ICE”, cita textualmente el oficio 7010-0034-2019 de marzo anterior.
Graffigna, sin embargo, aseguró que su empresa posee documentos que demostrarían una serie de irregularidades y arbitrariedades y pruebas suficientes para señalar que la CNFL trata de eliminar un contrato que aportaría energía limpia y más barata respecto al precio al cual el ICE vende la energía eólica hoy.
Cada kilovatio, explicó, costaría $0,084 contra los entre $0,12 a $0,14 que hoy le vende el ICE a la CNFL.
“La Compañía nos dictó un acto de insubsistencia que anuló la Contraloría General de la República, ha realizado tres intentos por dejar sin efecto el derecho que nos otorgó desde el 2015, argumentando incumplimientos que no existen, y ahora prefiere indemnizarnos pagando una suma millonaria por un proyecto que no hemos podido iniciar”, denunció.
Los inversores advirtieron de que están listos para elevar una denuncia contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), amparados en el tratado bilateral de inversiones España-Costa Rica.
Según Eaton Power, los perjuicios por lucro cesante alcanzan los $28 millones y los daños por $6 millones (alrededor de ¢20.000 millones).
Eaton Power S. A., de capital español-costarricense, incluso considera presentar demandas penales contra funcionarios de la CNFL al considerar que podrían haber actuado en contra de la legislación e incurrir en supuesto fraude de ley, prevaricato y abuso de poder, entre otros.
Dificultades financieras
El anuncio de la terminación del contrato llega en momentos en que la Compañía acelera la búsqueda de opciones para reestructurar su deuda y así contener los malos resultados financieros de los últimos años.
La empresa pública cerró, en el 2018, con una pérdida de ¢14.573 millones y se convirtió en el quinto año consecutivo con números rojos, según los estados financieros de CNFL.
Esta premura de la subsidiaria del ICE por renegociar la estructura de su pasivos se fundamenta en que, entre el 2020 y el 2023 deberá pagar ¢87.641 millones a entidades financieras e inversionistas.
La empresa pública enfrenta, desde hace varios años, un desajuste financiero debido al sobrendeudamiento para construir las plantas Balsa Inferior, ubicada en Florencia de San Carlos; y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana.
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones, a uno real de $361 millones, mientras que el parque eólico de $21 millones, a $54 millones.
La CNFL abastece de energía a 563.000 abonados de la Gran Área Metropolitana (GAM). El 85% son clientes residenciales.
Nota del editor: Esta nota fue corregida a las 2:24 p. m.