Juan Fernando Lara S.
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público enviaron ayer una carta al presidente, Luis Guillermo Solís, en la que le piden desistir del proyecto de construir una refinería en Moín (Limón), en conjunto con China.
Mario Redondo, presidente de la Comisión, expuso que los nueve legisladores de ese foro firmaron el mensaje enviado.
La oficina de prensa del Ministerio de la Presidencia dijo que en tanto no sea discutido el tema en el Gobierno, no habría declaraciones al respecto.
La nota surgió a raíz de información acumulada y de las comparecencias de la presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar, y de la contralora general de la República, Marta Acosta.
Los diputados sostienen que “este proyecto ha costado miles de millones de colones de los costarricenses, tanto por su inversión inicial de $50 millones como por el mantenimiento mensual del aparato de Soresco; empresa financiada por Costa Rica y China para desarrollar la refinería”, indica el documento.
Agrega que el plan “no tiene ningún futuro” debido a “fallas técnicas y jurídicas detectadas y órdenes emitidas por la Contraloría General de la República que impiden su continuidad”.
“Siendo así, resulta evidente que continuar con este proyecto no es una opción sensata, ni responsable y lo mejor para el país sería finalizarlo”, afirman.
En razón de los señalamientos, los congresistas solicitan “respetuosa pero vehementemente” al Consejo de Gobierno rescindir el acuerdo con la empresa estatal china CNPC e instruir a Recope a realizar todas las gestiones pertinentes para finiquitar cualquier nexo que exista en esa materia.
El grupo redactó el mensaje el jueves anterior, luego de la presencia de Acosta en esa comisión, donde hizo un resumen del proyecto, para finalizar solicitándole al Ejecutivo pronunciarse de forma “clara y contundente”.
En el 2009, la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC) y la Refinadora crearon la denominada Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco), con un fondo inicial de $100 millones (cada socio-país aportó la mitad).
Con el dinero, Soresco realizó estudios de factibilidad financiera para encaminar el plan de la nueva refinería, valorada inicialmente en más de $1.500 millones.
Sin embargo, la Contraloría General de la República frenó el plan en junio del 2013, al descubrir un conflicto de intereses: el primer estudio de factibilidad lo hizo la firma china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, subsidiaria de CNPC. Desde entonces, la iniciativa se varó.
En un intento por avanzar, Recope propuso a la CNPC, en octubre del 2015, la posibilidad de vender parte de sus acciones a un tercer socio para que este repitiera el estudio. Sin embargo, nada ha progresado, según confirmó la propia CNPC, en febrero.