Los diputados quieren saber por qué el país le pagó $34 millones a la empresa brasileña OAS al ponerle fin al contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón.
Por esa razón, los legisladores que integran la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción del diputado libertario Otto Guevara, para investigar los términos del finiquito.
El contrato con OAS se quedó sin efecto en abril de 2013. Fue una decisión del gobierno de Laura Chinchilla en atención a los reclamos de los pobladores de las comunidades de Occidente, quienes señalaban desventajas y perjuicios de la concesión.
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Al ponerle fin al contrato, el Gobierno acordó pagarle a la constructora brasileña $34 millones (casi ¢20.000 millones).
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"Se había informado que el Estado costarricense pagó por los planos constructivos, pero en la realidad en estos momentos no se tiene claridad sobre esa situación. Por esos motivos los miembros del órgano legislativo estarán convocando en una primera instancia al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta", dice el comunicado de prensa del diputado Guevara.
Tras ese fallido intento de construcción, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear un fideicomiso, cuyo contrato fue otorgado al Banco de Costa Rica.