Resoluciones pendientes en la Contraloría General de la República (CGR) y la Sala Constitucional tienen en suspenso la escogencia de las dos empresas que se encargarán del servicio de revisión técnica vehicular, una vez que se venza el contrato con la firma alemana Dekra, a finales de octubre próximo.
En el primer caso, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), aguarda el resultado de tres recursos de apelación presentados contra el proceso de precalificación para seleccionar el futuro operador, el cual fue declarado infructuoso.
Estos recursos fueron interpuestos por las tres empresas participantes, de las cuales solo una cumplía los requisitos para avanzar a la siguiente etapa. Esta situación condujo a la declaratoria de infructuosidad del concurso, ya que el Cosevi pretende que el servicio sea adjudicado a al menos dos firmas.
Las empresas interesadas son Aplus CR, representante de la española Riteve (anterior operador); la alemana Dekra (actual operador) y otra firma alemana llamada TÜV Rheinland Certio S.L. De estas, solo la primera logró cumplir con las condiciones establecidas en el cartel.
La directora del Cosevi, Cindy Coto Calvo, señaló en respuesta a consultas de La Nación que el avance del proceso de selección depende de las decisiones de la Contraloría en relación con esas impugnaciones
En el caso de la Sala, están a la espera de que se resuelva una acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la inspección técnica, ese paso dijo, “es indispensable” para seleccionar al futuro prestatario.
Aunque Coto aseguró que el proceso no está detenido, señaló que esas resoluciones definirían los próximos pasos.
La previsión es que el pronunciamiento de la Contraloría sea notificado el próximo mes. En caso de que el órgano contralor acoja los recursos de las compañías, el Cosevi deberá continuar con la precalificación de las empresas a las que se les dé razón. Si los recursos son rechazados, el Cosevi deberá iniciar nuevamente un proceso de licitación internacional, lo que implica convocar a empresas extranjeras.
Mientras tanto, la acción fue presentada ante Sala Constitucional desde el 2021 por la Asociación Preserve Planet, en contra de los artículos de la Ley de Tránsito que otorgan al Cosevi la facultad de conceder “autorizaciones indefinidas” a las empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular.
La gestión argumenta que estas “autorizaciones indefinidas” son cuestionables y está probado que son “ineficaces y corruptas” dadas las experiencias pasadas.
Sobre esta acción, la Procuraduría se pronunció en noviembre de ese mismo año, recomendando a los magistrados declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 y, por conexidad, los artículos 26 al 28 de la Ley de Tránsito, pues violentan los artículos 182 y 50 de la Constitución Política al establecer un sistema de autorizaciones para la revisión técnica vehicular, evitando un concurso público para concesionar el servicio a terceros privados.
En caso de que la Sala deje sin efecto de los artículos mencionados, podría ser necesario realizar una reforma legal para subsanar los vacíos.
Posible extensión a Dekra
Frente a estos escenarios, el Cosevi deberá decidir si extiende más allá de octubre el permiso en precario bajo el cual opera actualmente Dekra para evitar interrupciones en el servicio.
A finales del año anterior, el ministro Amador afirmó que ese permiso en precario les permite extenderlo discrecionalmente mientras se completa la adjudicación.
Precisamente la selección de Dekra como operador, se realizó por una decisión discrecional, luego de que la empresa obtuviera el segundo lugar en el análisis de las ofertas presentadas para el contrato como permisionario.