La ampliación de los 107 km de la carretera a Limón lleva un avance del 37%, aunque a estas alturas debería ir por 63%, pues el contrato con la constructora china CHEC establece que la obra de $465 millones debe estar concluida el 22 de mayo del 2022.

Sin embargo, China Harbour Engineering Company (CHEC) propuso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) entregarla en esa fecha, pero sin terminar, es decir, solo con lo que se haya podido avanzar a ese día.

Planteó que a partir de ahí se firme un nuevo contrato por los trabajos restantes y también un nuevo crédito con el banco Eximbank de China, que financia casi todo el proyecto que se inició en 2017.

“Les dije que entendía la propuesta, pero que no la aceptaba (...) Jamás, jamás iba a acordar eso. ¿Cómo voy a acordar algo que es una idea que ellos esbozaron?”, declaró, molesto, el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata.

Advirtió que “el contrato vigente debe cumplirse y así lo exigiremos”.

La reunión donde se dio la propuesta fue a principios de mayo, a la cual asistió el vicepresidente de CHEC, Su Yansong, quien presentó lo que se llama un cierre anticipado del contrato.

El ministro detalló que CHEC pide reducir la dimensión del contrato actual para hacer una segunda parte con otro financiamiento, incorporando los recursos que no se ejecuten de esta primera parte junto con lo que pudiera requerirse para entregar otras obras adicionales.

Consultado si eso implicaría dejar la obra inconclusa en mayo de 2022 y mover parte del proyecto integral para una segunda fase, Méndez dijo que exactamente eso fue lo planteado.

Los recursos del nuevo préstamo se usarían para las obras adicionales en esta vía, hoy de dos carriles, que comunica con el Caribe y se utiliza para el tránsito de exportaciones e importaciones de los puertos de Limón.

¿En qué estado pretenden dejar la carretera en mayo de 2022?

“No sé, por eso le digo que cómo voy a aceptar si no sé cuál sería la propuesta. El tema es que ellos lo hicieron público y entonces me veo obligado a aclararlo, porque no concibo que pueda convenir reducir el tamaño de un proyecto”, respondió el ministro.

En el documento dirigido por CHEC al gerente del proyecto, Kenneth Solano, con fecha del 25 de mayo y que fue divulgado este lunes, se habla de dividir la construcción en dos fases. La primera culminaría en mayo del 2022, cuando vence el plazo otorgado a la empresa para ejecutar el proyecto integral.

Además, en su nota, CHEC menciona que esto fue lo acordado entre el ministro y el vicepresidente de la empresa.

Asimismo, aseguran que los atrasos por los que ya se les han reconocido 595 días de plazo adicional, han generado un aumento significativo de los costos.

La propuesta de CHEC es trasladar para una segunda fase los temas de expropiaciones y traslados que aún están pendientes.

En el documento, firmado por el representante legal de CHEC, Zhou Jingxion, se indica que para la segunda fase es necesario que el Gobierno de Costa Rica haga una solicitud formal de financiamiento al Gobierno de la República Popular China.

En esa nota incluso añadieron un cronograma para llevar adelante dicha etapa.

Méndez, sin embargo, declaró que “lo que queremos es continuar un proyecto ordenado y esta no es la forma”.

Reconoció que si bien han enfrentado problemas para completar las expropiaciones del proyecto, la empresa cuenta con suficiente espacio para trabajar mientras se avanza en esas gestiones.

Aún así, dijo que contractualmente lo que sí existe es la posibilidad de generar una adenda para dichas obras complementarias, entre las que se incluyen aceras, bahías para buses, ciclovías, pasos peatonales y accesos a comunidades que no se contemplaron en el acuerdo original.

“Uno podría convenir una adenda como lo conviene con cualquier contrato, pero dentro de los marcos legales del país, eso podría ser si nos llegamos a poner de acuerdo”, agregó.

La Nación envió consultas a los voceros de la empresa, por medio de la agencia de comunicación que le brinda asesoría en el país, pero no se recibió respuesta.

Atrasado

El planteamiento de CHEC surgió en momentos en que el más reciente informe elaborado por el consorcio a cargo de la supervisión, conformado por las empresas Cacisa-Camacho y Mora, precisa que el avance en la construcción es del 37%.

El documento advierte de que la constructora china CHEC ha consumido 662 días desde la orden de inicio del proyecto y solo le quedan por delante 337 días, sin que a la fecha haya alcanzado ni siquiera la mitad de lo planeado.

Según la última prórroga concedida, las obras para ampliar la vía a lo largo de 107 km, entre el cruce hacia Río Frío y la ciudad de Limón, deben estar concluidas el 22 de mayo de 2022.

El gerente de la unidad ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad, Kenneth Solano, confirmó los atrasos, pues para abril, mes en el que se hizo el informe, el avance debió ser de un 63,10%.

El documento de supervisión señala, además, que la empresa acumula un avance financiero de 24%. Esto es 20% menos de lo planificado, lo que también evidencia que CHEC tiene todavía pendientes las obras más caras y complejas de todo el proyecto.

Hasta ahora la construcción de los 33 puentes nuevos que la firma debe levantar, es una de las tareas más avanzadas, pues se trabaja en 32 de las estructuras y en general se tiene un 80% de ejecución.

Caso contrario ocurre con el asfaltado, pues al cierre de rendición de cuentas, registró apenas un 15%, que corresponde a 16,7 km de los 107 km.

Asimismo, de los 24 puentes peatonales que se deben colocar a lo largo de la vía, solo se trabaja en cinco.

Lo mismo ocurre con los pasos a desnivel e intercambios, en los que el avance es menor al 5%.

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales advirtió a inicios de año de que esos pasos a desnivel e intercambios serían de las labores que más podrían afectarse si no se agilizan las expropiaciones.

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En marzo, el Conavi reveló que CHEC había pedido una ampliación en el plazo por más de 800 días, empero la Administración otorgó 421 días adicionales.

Salida amistosa

Además de las presiones por el lento avance de los trabajos, la Administración y la empresa china aún deben resolver desavenencias que han surgido durante la marcha y se intensificaron en los últimos meses, al punto que el MOPT no descarta que sea necesario resolverlas mediante un arbitraje internacional.

Las principales diferencias están asociadas con la rehabilitación de los puentes mayores en la ruta.

Según la compañía, estos no son su responsabilidad, pero de acuerdo con el Conavi, en el contrato se establece que deben ser llevados a estado óptimo como parte del proyecto.

CHEC tampoco dice estar obligada a construir los pasos de fauna, obra que fue ordenada incluso por la Sala Constitucional y que el Conavi debe acatar antes de la resolución del conflicto contractual.

Kenneth Solano, sin embargo, dijo que procuran evitar llegar a esas instancias de resolución de conflictos.

“La Administración está en proceso de análisis para iniciar una transacción amigable conforme a lo establecido en el contrato y lo que permite la legislación nacional. Con esto se pretende evitar, en lo posible, acudir a la figura de arbitraje internacional”, indicó ante consultas de La Nación.

En tanto, el ministro reconoció que este tema también fue abordado en la reunión que sostuvo con los jerarcas de la empresa.

Méndez afirmó que se va a entrar en un período de busca de resolución a las discrepancias. Si no hubiera acuerdo, entonces sería necesario avanzar en el arbitraje.

Expropiaciones

Otra de las grandes trabas, como en otros proyectos viales, son las expropiaciones.

“Se han ido disminuyendo”, dijo Solano. Según él, todas las partes trabajan en el proceso.

El detalle de la unidad ejecutora señala que de los 503 terrenos que se requieren para completar la obra, en 104 ya tienen permisos firmados de entrada en posesión voluntaria, 20 tienen entrada efectiva y 59 ya están inscritos a nombre del Estado; lo que significa que CHEC cuenta con 183 predios con autorización de ingreso para trabajar.

En abril, la unidad ejecutora confirmó a La Nación que no cuentan con los fondos necesarios para completar las expropiaciones pendientes.

Al mismo tiempo, el ministro de Obras Públicas garantizó que los fondos se incluirían en un presupuesto extraordinario que sería enviado este mes a la Asamblea Legislativa.

Dicho proyecto aún no ha sido aprobado debido a los múltiples inconvenientes que ha tenido el Congreso para sesionar a causa del recrudecimiento de la pandemia.

Además de la ampliación de la vía a cuatro carriles, la obra encargada a CHEC contempla la construcción de 33 nuevos puentes y puesta a punto de los existentes.

También se prevé la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

De los $465 millones que cuesta la obra, $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.

Recientemente, se anunció que no se ampliarán los últimos tres kilómetros que llegan al centro de Limón, debido a obras que hará el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en ese tramo.