Casi un mes antes de que un deslizamiento en el cerro Cambronero empujara hacia un precipicio a un autobús de la empresa Alfaro y una motocicleta, lo cual provocó la muerte a nueve personas, la Municipalidad de Esparza había solicitado al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) la intervención urgente de la carretera entre San Ramón, Alajuela, y Barranca, Puntarenas, porque temía riesgo de “pérdidas materiales y humanas”.
El 22 de agosto -26 días antes de la tragedia- el Concejo Municipal de Esparza acordó por unanimidad comunicar al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, y al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, que había “alto riesgo” de accidentes y muertes en esa ruta.
El gobierno local envió ese acuerdo a Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo de Conavi, el 26 de agosto -22 días antes del accidente- por medio de un oficio y le copió al mandatario y al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). No obstante, cuando La Nación le consultó a Batalla por esa nota, dijo no recordarla pues recibe “200 documentos” por día. Tampoco pudo precisar si respondió o no al Concejo Municipal.
Según los registros de la Municipalidad de Esparza, no existe una respuesta de Batalla en la que indique cómo intervendrían la vía, qué inversiones haría el Estado para remediar la situación, qué medidas preventivas tomarían o cuándo reanudarían el mantenimiento de la carretera.
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“Realmente son 200 documentos que recibo con todos los temas. Entonces, no recuerdo cuál nota específica”, dijo Batalla al preguntarle por la comunicación del Concejo Municipal de Esparza.
Incluso, los documentos proporcionados por el ayuntamiento muestran que Batalla ignoró un correo, enviado por el jerarca del MOPT el 4 de setiembre, en el que le pide programar arreglos en esa zona “cuando estén abilitados (sic) los contratos de conservación vial que se están gestionando”.
Sobre el correo, remitido por su jefe, Batalla declaró que no consideró que debía responderlo.
En el acta municipal de ese 22 de agosto puede leerse la preocupación de los regidores por la cantidad de huecos, hundimientos y deslizamientos en la vía, la cual califican de “trocha”. También apuntan las dificultades que enfrentan los vehículos de emergencia para transitar entre San Ramón y Barranca, pues en varios puntos solo existe un carril.
Por último, señalan que tiempo atrás han enviado otras cartas pidiendo mejoras para la ruta sin tener una respuesta efectiva.
La Nación intentó consultarle al jerarca del MOPT sobre este tema, pero dijo que no podía atender al periodista porque estaba en una reunión.
¿Imprevisible?
En un video enviado por el MOPT a la prensa ese mismo 17 de setiembre, el ministro Luis Amador expresó que la tragedia fue un evento “imprevisible”. Sin embargo, el acuerdo municipal mencionado contradice esa versión.
Asdrúbal Calvo, alcalde de Esparza, enfatizó ante la comisión legislativa que investiga el percance, que señalaron, desde el 26 de agosto, la posibilidad de fallecimientos por el mal estado de la carretera.
“Muy lamentable lo que pasó recientemente y desgraciadamente hubo muertes de seres humanos que nadie quería que sucedieran y eso golpea”, aseveró Calvo frente a los legisladores.
Pese a la advertencia del gobierno local, Mauricio Batalla insistió en que el deslizamiento que golpeó el bus y lo arrastró hasta el precipicio de 50 metros fue un suceso imprevisible y aseguró que deben esperar los análisis que están realizando los expertos en el lugar del accidente.
“Son los informes técnicos de expertos los que van a decir lo que consideramos, tanto el ministro como yo, un evento totalmente imprevisible, uno como los tantos 394 deslizamientos que hay por todo el país”, enfatizó el director ejecutivo del Conavi.
Agregó que antes de que ocurriera el accidente, adjudicaron un contrato para realizar obras de estabilización en el tramo de carretera donde sucedió el deslizamiento.
Además del aviso de la Municipalidad de Esparza, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), adscrito a la Universidad de Costa Rica, emitió un informe en marzo de 2021 en el cual señaló tres puntos con alto riesgo de hundimiento o derrumbe en el cerro Cambronero. Los tres puntos se ubican en un tramo de 8 kilómetros en la vía que comunica San Ramón con Esparza.
Los expertos concluyeron que los tres puntos evaluados presentan una condición de “riesgo potencial alto y pérdida de conectividad alta”, lo cual la convierte en una ruta sumamente vulnerable y que requiere intervención urgente. Además, detallaron la existencia de grietas de hasta 60 centímetros y problemas con los sistemas de drenajes.
Recibidos hasta después del accidente
Nixon Ureña, alcalde San Ramón, y Asdrúbal Calvo, alcalde de Esparza, confirmaron durante la comparecencia ante los diputados que investigan la tragedia en Cambronero que solicitaron, desde el inicio de la Administración Chaves Robles, una cita para conversar sobre el deterioro de la carretera, pero no fueron atendidos.
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De acuerdo con los alcaldes, hasta que pasó el accidente y murieron nueve personas fueron recibidos por las autoridades del Poder Ejecutivo.
“Solicitamos audiencia al máximo jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Conavi”, afirmó Calvo.
Después del accidente, el MOPT y el Conavi tomaron la decisión de cerrar el tramo entre San Ramón y Esparza como medida de prevención. Esa decisión contrasta con la premura para reabrir, el mismo 17 de setiembre, la vía luego de limpiar un derrumbe.
El domingo 18 de setiembre, un día después del siniestro, Amador dijo en conferencia de prensa que tomó la decisión de reabrir basado en un informe técnico, pero el documento fue solicitado por este diario desde la tercera semana de setiembre sin obtener una respuesta.