En agosto de 2014, cuando iniciaron las demoliciones para la construcción del viaducto en Paso Ancho, los 12 empleados de la tradicional soda Castro se enfrentaron a la amenaza de perder sus empleos.
En el mismo proyecto, una parte de la propiedad de una adulta mayor fue expropiada y la mujer no tenía dinero para construir un nuevo muro que le permitiera proteger su vivienda del hampa.
Además, 16 familias que vivían a la orilla de la vía entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo debían dejar sus casas para dar paso a la maquinaria para la ampliación de la carretera.
De acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia esas obras, todas las situaciones mencionadas debían ser atendidas por el Estado, de lo contrario los proyectos corrían el riesgo de paralizarse.
Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo que si no se cumplen las exigencias del BID en esta materia social los desembolsos para la construcción se pueden interrumpir.
Según el jerarca, esta forma de trabajar del Banco tiene ventajas, pues permite cargar al presupuesto del proyecto esos gastos y así acelerar las labores.
En el caso de Paso Ancho, el MOPT tuvo que garantizar que los 12 empleados de la soda Castro fueran reubicados cuando el establecimiento reabriera sus puertas, algo que nunca se había hecho en el país a la hora de construir infraestructura pública.
Sergio Bogantes, sociólogo del MOPT a cargo de este proceso, explicó que dos de las trabajadoras no fueron recontratadas, lo cual obligó a la institución a ofrecerles capacitaciones de cocina para emplearlas en otros lugares.
El funcionario detalló que una de las beneficiarias fue contratada por un instituto privado de cocina y la otra montó una venta de repostería.
La asistencia a los trabajadores se realizó porque había posibilidad de que la soda no reabriera y las personas quedaran desempleadas.
Anais Rocha Arias, exempleada de la soda Castro, comentó que los cursos fueron de utilidad y logró reubicarse por seis meses en otro trabajo. Sin embargo, en la actualidad está desempleada.
Kenneth Solano, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) afirmó que a la adulta mayor debieron construirle una tapia provisional.
“Estos asuntos son muy importantes, yo no puedo construir un proyecto y obviar lo que pasa en su entorno”
”Un conductor puede pasar por la nueva carretera y no le importa si hay vecinos o no hay vecinos, si vive una viejita o alguien enfermo, pero esas cosas importan porque buscamos que los proyectos sean inclusivos”, manifestó Solano.
La ampliación en Jardines del Recuerdo y el viaducto en Paso Ancho tienen un costo de $19 millones, aproximadamente.
Reubicaciones. En la ampliación del tramo entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo el Estado tuvo que reubicar a 16 familias que estaban dentro del derecho de vía.
La normativa del BID habilitó al MOPT a buscar casas de alquiler en sitios cercanos mientras se consigue una solución de vivienda definitiva a los afectados.
Bogantes señaló que en este momento están diseñando un complejo residencial para ubicar a las 16 familias.
La Nación solicitó al MOPT detalles como el costo y donde se localizarán las nuevas casas, pero al cierre de esta edición no se había remitido los datos.
Un escenario diferente enfrenta la construcción de lCircunvalación norte, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde los costos de reubicar familias debe asumirlos el Gobierno con recursos propios, lo cual ha provocado meses del atraso en el comienzo del nuevo corredor vial.
Durante el último año, el MOPT tuvo que aplazar varias veces las labores por la reinstalacion de cientos de familias.