Aviación Civil interviene hangares del Tobías Bolaños por sospecha de hechos ilícitos

Prohibió sacar combustible del aeródromo, ordenó eliminar portones que impidan ver al interior de los garajes e inició 27 desalojos

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Solo durante este año, las autoridades han descubierto 27 aeronaves no autorizadas dentro de los hangares del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, San José; también sorprendieron a dueños de avionetas que trataban de sacar gasolina en carros particulares y a otros que pretendían despegar con pichingas de combustible.

Para la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) las endebles reglas de ese aeropuerto han provocado que ocupantes de los 82 hangares "se sientan como en el garaje de su casa".

La situación ha derivado en actividades sospechosas de aviones que incluso terminaron involucrados en investigaciones por narcotráfico.

Por ejemplo, el 15 de junio de 2016, se descubrió que la avioneta matrícula TI-ANT intentaba despegar con varios envases de combustible para avión escondidos entre el fuselaje. Al detectar la irregularidad, se frenó el despegue y se decomisó la gasolina.

Cuatro meses después, en octubre de 2016, esa misma avioneta fue hallada por el Servicio de Vigilancia Aérea accidentada en Pochote de Paquera. Este caso está bajo investigación para determinar la causa del siniestro y por qué el aparato quedó abandonado.

El 29 de febrero de 2016, otro avión ultraligero de matrícula costarricense ULTI-092 cayó en el norte de Guatemala con 33 paquetes de cocaína. La avioneta había despegado del Tobías Bolaños.

Para reducir el riesgo de casos como esos, la DGAC prohibió a los operadores de hangares sacar combustibles por tierra o aire, eliminar los portones que impiden ver hacia el interior de los garajes e inició el desalojo de los 27 depósitos donde encontraron aeronaves no autorizadas.

Enio Cubillo, director de la DGAC, dijo que los cambios responden a solicitudes hechas por el Ministerio de Hacienda, la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Cualquier operador del Tobías Bolaños va a otros aeropuertos y cumple la normativa tal cual, como debe de ser, pasan por todos los controles y todos los filtros, pero cuando llegan al Tobías Bolaños se sienten como si llegaran al garaje de su casa, a su feudo.

“Entonces, piensan: ‘acá yo hago lo que me da la gana y nadie tiene que ponerme límites’", aseveró Cubillo.

Las nuevas reglas constan en las circulares 712-2015 y 009-2017 del 30 de setiembre del 2015 y del 26 de junio del 2017, respectivamente.

Sobre los combustibles, Aviación Civil prohibió sacar del aeródromo cualquier tipo de carburante y autoabastecerse dentro o en los alrededores de los hangares. Solo está permitido llenar los tanques en la estación de servicio que instaló la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la terminal desde mayo de 2016.

Sobre los portones, la nueva regla es instalar estructuras que permitan total visibilidad hacia el interior de los depósitos. La administración dio tiempo hasta enero para cumplir con esa obligación.

No obstante, un equipo de La Nación visitó el aeropuerto y observó que son pocos los hangares que cumplen con esa indicación y, en algunos de los que se han hecho cambios, la visibilidad es escasa.

Uso en precario

Los depósitos de aeronaves o hangares son propiedad del Estado, pero son cedidos bajo la figura de uso en precario a empresas o personas físicas para guardar aviones, brindar servicios mecánicos, ofrecer vuelos privados o impartir clases de aviación.

A cambio, los ocupantes pagan a la DGAC $2,7 (¢1.550 al tipo de cambio actual) por metro cuadrado al mes y una garantía de ¢229.000, aproximadamente.

Entre las obligaciones, todos los inquilinos de hangares deben entregar a las autoridades una lista con los equipos que resguardan, estar al día con la seguridad social, no pueden subarrendar los espacios, no tienen derecho de ampliar las estructuras ni prestarlas a terceros.

Eduardo Montero, vicepresidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), declaró que el aeropuerto Tobías Bolaños debería tener otro modelo de hangares.

Para Montero, debería existir un concesionario que venda a los dueños de aeronaves los espacios de estacionamiento, servicios de mantenimiento, venta de combustible y hasta productos alimenticios que requieren las compañías de aviación.

Bajo esa modalidad, el concesionario pagaría un canon al Estado y vendería sus servicios a quienes los necesiten dentro del aeropuerto siguiendo una serie de reglas.

"Eso sería lo ideal, pero eso nunca va a pasar por el juego de intereses que hay, es muy difícil que eso pase. En una licitación el Estado tiene que poner las condiciones para que usted pueda acceder como concesionario y, diay, ahí (en el Tobías Bolaños) hay gente que tiene muchos años de estar y son gente que tiene mucha influencia en todos los ámbitos", afirmó Montero, quien enfatizó que esa es su opinión personal y no la del Cetac.

En el Tobías Bolaños hay 94 lotes para hangares. Sin embargo, solo hay ocupados 82.

Roy Solís, coordinador de aeropuertos de la DGAC, manifestó que tienen 11 solicitudes de empresas o personas para ocupar un garaje.

El funcionario agregó que mucha gente está interesada, pero que no quiere construir el hangar, sino esperar a que alguno sea desocupado o desalojado.

Desalojos por camuflado negocio

En el último año, la DGAC empezó el proceso de desalojo de 27 hangares por "ocupación irregular", es decir, meter avionetas o helicópteros que no están autorizados.

Cuando los inspectores de Aviación Civil detectan una aeronave que no está en la lista autorizada inician un procedimiento administrativo para determinar por qué está en uno de los hangares y establecer las sanciones respectivas.

Según Cubillo, detrás de esa práctica se esconde un negocio de subarriendo de hangares.

El jerarca de la DGAC indicó que no se ha logrado comprobar porque no existen recibos de alquiler, pero presumen que los alquileres rondan entre $500 y $800 por mes.

En octubre se ejecutó el desahucio del hangar 82, el cual era usado por Aeroparaíso S. A. En otros tres ya se culminó el proceso legal y se sacarían de la terminal aérea en los próximos días.

Los 23 restante están inmersos en un proceso legal para decidir si son desalojados o no.