Indígenas exigirán idioma nativo a sus docentes

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El docente que pretenda un nombramiento en un territorio indígena, deberá dominar el idioma natal de esa zona.

El requisito es parte del nuevo reglamento que reforma el subsistema de educación indígena, que se publicó el 15 de julio, en el diario oficial La Gaceta .

El objetivo del cambio es que los estudiantes indígenas no pierdan el idioma de su tierra, aunque reciban lecciones de inglés, español o francés.

En Costa Rica hay cerca de 104.000 indígenas distribuidos en ocho pueblos y 24 territorios. Los cuatro idiomas que permanecen en ellos son el bribri, cabécar, maleku y ngöbe.

“Esta reforma es un avance, pero con ella, no se está resolviendo el problema de fondo. Es un primer paso, pero estamos rezagados en materia tecnológica”, manifestó el líder comunal de Talamanca, Óscar Almengor.

El cambio educativo también incluye la creación de un consejo local, que influya en el diseño de las propuestas curriculares que reciben los estudiantes.

Sin cumplir. Una de las quejas de la comunidad de Talamanca es que desde el 2012 les ofrecieron computadoras para el colegio de Sepecue de Talamanca y aún están a la espera de ellas.

“Desde el año pasado, nos están diciendo que nos van a mandar unas computadoras del proyecto de Banco Mundial y nada que llegan”, reclamó el líder Almengor.

Para las comunidades indígenas, la reforma educativa es un avance entre tantas necesidades que hay en estos territorios por recuperar lo autóctono.

“Hay quienes borrar nuestras raíces y eso no se vale. Por eso, es que una reforma como esta es un primer paso que nos permite asegurar que no nuestro idioma natal no pasará a la historia”, añadió el dirigente indígena.

Yoriko Yasukawa, coordinadora de Naciones Unidas, dijo que la disposición es un avance en el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes facilitaron, en los últimos meses, un diálogo entre el Gobierno y los grupos indígenas de la zona sur con el fin de consensuar una agenda de desarrollo.

El objetivo de estas iniciativas es la búsqueda de soluciones y proyectos que salden deudas en materia de derechos humanos.