Tráfico de animales vivos, robo de huevos de tortuga, contaminación de ríos, servicios básicos deteriorados, inseguridad para visitantes y hasta narcotráfico.
Esas son solo algunos de los muchos problemas en los parques nacionales a los cuales el Estado costarricense deberá responder en un plazo de cinco años, según la orden que dio la Sala Constitucional en una sentencia del 22 de setiembre.
En el fallo, los altos jueces declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas y activistas contra la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacionales de Áreas de Conservación (Sinac).
El grupo reclamó que la escasez de equipo y personal para atender 166 áreas silvestres protegidas han permitido que se registren hechos como la extracción ilegal de madera, minería y otros ilícitos como cacería, pesca y ocupación humana irregular en aquellas zonas.
Por este abandono, señalan los quejosos, ocurren la proliferación del tráfico ilegal de animales vivos, la contaminación de ríos, robo de huevos de tortuga, asaltos a excursionistas y hasta actividades ligadas a crimen organizado como narcotráfico (cultivos de marihuana y bodegaje de droga).
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También reclaman que las instalaciones y servicios básicos para los visitantes nacionales y extranjeros son insuficientes para atender la gran afluencia de visitas y, las que existen, están descuidadas.
De estas áreas silvestres, 25 son parques nacionales y 7 refugios de vida silvestre que, en conjunto, concentran 96% de la visitación anual. Solo el año pasado, estas áreas recibieron a 2,1 millones de turistas nacionales y extranjeros, según datos del Sinac.
Intervención
En su resolución 2017014907 (expediente16-010216-007-CO), los magistraron concluyen que “existen suficientes elementos para tener por probado que las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes”.
Por esa razón, declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo al considerar que el Estado “no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación en el país”.
La Sala Constitucional otorgó 5 años de plazo al Gobierno para gestionar un plan general de dotación de recursos para un arreglo definitivo del problema que, desde 2014, ya se alertaba. De esta forma, es previsible que esta administración concluya su gestión sin solucionar la problemática.
Patricia Madrigal, viceministra de Ambiente y Mario Coto, director del Sinac, recibieron la condenatoria como una señal que reafirma “la competencia legal otorgada al Sinac para proteger el derecho de todos los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
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“La sentencia es una fotografía de la situación que se da en ese momento, principalmente en el año 2016, y muchos de los elementos que ahí se rescatan son compartidos por esta administración. Se han venido atendiendo y recibirán una respuesta en el corto plazo”, indicaron en una contestación conjunta enviada por correo electrónico. No precisaron fechas.
Inversiones
Según ellos, el SINAC destinó $12,3 millones en obras de mantenimiento vial y de estructuras entre 2015 y 2016 producto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $19 millones que se suscribió en el 2011 durante la administración anterior; el cual contempla una contrapartida estatal de $6 millones.
Para el próximo año, afirmaron ambos funcionarios, supuestamente se invertirá un adicional de $5,1 millones en distintas obras de mejoramiento.
Sobre la apertura de nuevas plazas de guardaparques, adelantaron que será difícil “en el marco de las restricciones que se encuentra el país por su situación fiscal” aunque sí prometieron una apertura paulatina de puestos sin precisar cuándo.
Problema reiterado
En la sentencia, los altos jueces tomaron de rerencia el informe DFOE-AE-IF-16-2014 que elaboró la CGR en el 2014 el cual calificó la gestión del Sinac de“apenas moderada”, en cuanto a la dotación de recursos para el funcionamiento y consolidación de las áreas silvestres protegidas.
Ese informe emitió señalamientos específicos y alertas similares a las planteados en el amparo. Además, incluyó 12 disposiciones dirigidas al Sinac para revertir el problema. Para agosto del 2016, solo dos de las disposiciones se habían cumplido; indica la sentencia.
Roberto Molina, secretario de juntas del Sindicato de Trabajadores del Minae y uno de los que presentó el amparo, estimó que actualmente faltan unos 800 guardaparques, además de combustible, repuestos de vehículos y puestos operativos, pues muchos cerraron.
“Queremos mejoras en los parques para que los turistas hallen servicios sanitarios y papel higiénico también, que hallen puentes y senderos seguros. Para mí es muy doloroso decir que ni eso podemos darles”, aseguró.
Criterio similar emitió el investigador e historiador Mario Boza, considerado uno de los padres de los parques nacionales y también firmante del amparo. “Estamos estafando a los turistas”, aseveró Boza.
En el Parque Nacional Volcán Arenal , por ejemplo, hay visibles signos de abandono; confirmó este diario.
Basta acercarse al área del mirador, concebido como punto de observación del macizo, cuyo techo se está poblado de orificios.
“El techo es un peligroso coladero y deberían hacer algo y pronto por cambiarlo”, señaló Víctor Medina; vecino de San Carlos. Tampoco los senderos están en buen estado o son óptimos para moverse allí.
El descenso hacia las coladas de lava, por ejemplo, consiste en una gradas angostas de cemento chorreado que se pone resbaladizo con la lluvia.
“Es muy estrecho y resbaloso” criticó el estadounidense Bayan Zamora. Su compatriota y acompañante, Reekah Helwig, aplaudió la belleza del parque aunque reconoció el temor de bajar o subir las gradas.
Varios visitantes consultados se quejaron porque dentro del parque no hay ventas e bocadillos o refrescos aunque sí reconocieron el aseo y orden en los servicios sanitarios.
Colaboró Carlos Hernández, corresponsal