Diego Bosque G.
Frente a decenas de vecinos de Manzanillo, empresarios y autoridades locales, la presidenta Laura Chinchilla firmó ayer la Ley de Reconocimiento de Derechos de los Habitantes del Caribe sur.
Con esta legislación se rectifican los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y se excluye al pueblo local del área protegida, para evitar demoliciones y procesos de desalojo.
Desde hace varios años, 21 familias de la zona afrontan procesos judiciales por violación a la Ley de Zona Marítimo-Terrestre.
Con la firma de la nueva ley, los pobladores podrán optar por concesiones o permisos de uso de suelo, que serán administrados por la Municipalidad de Talamanca.
“De lo que se trata es de volver a conjugar la sostenibilidad, la preocupación por la protección de la naturaleza con la necesidad de generar oportunidades de crecimiento y desarrollo”, dijo la mandataria.
A partir de ahora, la tarea pendiente es la elaboración de un plan regulador, que permita el ordenamiento territorial en la zona.
Alfio Piva, vicepresidente de la República e impulsor de la iniciativa, comentó que buscarán el financiamiento para la elaboración de dicho plan.
“Lo que queda es hacer un buen plan de ordenamiento del territorio, que es un esfuerzo comunal y municipal”, afirmó Piva.
El costo del plan regulador es de ¢100 millones, aproximadamente.
“Con esta ley nos están devolviendo la vida a nosotros. Sin esa ley todo lo que estaba dentro de los 200 metros de la zona marítimo-terrestre se iba”, comentó George Hanzell, miembro de la Asociación de Desarrollo de Manzanillo.
“Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Los empresarios no van a meter dinero, donde no lo vamos a recuperar”, expresó Aurora Gámez, dueña del hotel Almendros y Corales.