Isla Calero Pococí Desde la ribera se perfila la figura de un cayuco que se acerca rompiendo la monotonía de la corriente que busca el mar. Son las 6:20 de la mañana y los remadores se debaten contra la fuerza del río en un esfuerzo necio por ganar metros.
Media hora después, con la frente sudada y agitados, se bajan los remeros: dos niños que hoy le ganaron otra vez a la corriente para llegar puntuales en la escuela.
A cuatro años de la denuncia del gobierno de Laura Chinchilla por una supuesta invasión militar desde Nicaragua, los habitantes de Calero siguen viviendo en una zona fronteriza olvidada, sin agua potable, ni electricidad, ni servicios médicos.
Ni el Gobierno pasado ni el actual han actuado para aliviar las condiciones de vida aquí, alegan sus moradores.
Tres meses atrás, el presidente Luis Guillermo Solís visitó la zona en su primera gira como mandatario y prometió mantener un diálogo con los lugareños por medio de sus colaboradores. Sin embargo, a la fecha no hay reportes de una visita técnica a este lugar.
Faltando diez minutos para las 7 a. m., los dos menores se bajan del cayuco a la altura del puesto policial de Delta Costa Rica, a unos 100 metros de la Escuela Unidocente La Esperanza, donde reciben clases junto a otros ocho niños.
Ella se llama Zuleidi Pérez González, está en segundo grado; tiene ocho años, cola de caballo y el uniforme impecable, con excepción de los tenis azules que no forman parte del atuendo oficial, pero que son los únicos zapatosque tiene. A la par de ella, se acomoda la camisa su hermano, Jason, que anda un calzado tan cómodo como viejo.
Ellos son hijos de una de las 90 familias que, según los propios lugareños, habitan isla Calero.
Aquí la vida es dura, insospechada para los moradores de otras partes del país como la céntrica Gran Área Metropolitana. El que no tiene un cayuco o una lancha, dependerá de los demás.
En el verano, el río Colorado se puede cruzar a pie y a nado en algunas partes, pero quien lo hace se expone a los cocodrilos.
El día se acaba cuando la luz solar se termina, y cuando llueve, lejos de fastidiarse, hay fiesta porque esa lluvia recogida de los techos, es el agua más limpia que pueden tener los habitantes de Calero.
Hárold Zambrana Pérez está casado, tiene 32 años, cuatro hijos y un pedazo de tierra en la isla.
Es dueño de una panga, con la que se maneja entre Barra del Colorado y Calero, pero le preocupa la falta de transporte y el precio de la gasolina que, en la zona, alcanza hasta los ¢1.000 por litro.
En caso de que alguno de sus hijos se enferme, tendría que endeudarse para pagar un transporte privado que lo lleve al centro de salud más cercano en Barra del Colorado, casi dos horas río abajo.
La isla, ubicada en el extremo más oriental de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde nace el río Colorado y se desvía el río San Juan, mide 150 km², unas 6 veces la extensión de la Isla del Coco.
Por mucho, es la isla más grande del país. Alberga una selva prácticamente impenetrable, con animales salvajes como pumas, cocodrilos y serpientes terciopelo. Las partes pobladas están cerca de la ribera, donde se extienden las fincas y parcelas.
En criterio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), las propiedades están dentro del Humedal Nacional Caribe Noreste de Costa Rica, por lo que las leyes ambientales impiden otorgar títulos de propiedad a sus habitantes.
Atención y sordera. A pesar de las difíciles condiciones que afrontan, los lugareños defienden su derecho a vivir allí. Aseguran que son colonos y que las disputas entre gobiernos les resultan ajenas.
Algunos lugareños insisten en activar la isla para fines turísticos o el comercio en pequeña escala. Este es el caso de Fabián Segura, un finquero quien tiene una pequeña lechería productora de queso.
Segura trabaja con los estándares del Ministerio de Salud, luego de aprobar los cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Sin embargo, no puede aspirar a créditos con la garantía de la tierra porque no posee papeles formales de la propiedad y sus costos de operación se le disparan porque debe pagar para que, al otro lado de la isla, le refrigeren el queso producido.
La directora regional del área de conservación Tortuguero, Laura Rivera, afirmó que hasta que no se modifique la legislación ambiental, los habitantes no pueden aspirar a tener servicios.
Elberth Durán, vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que esas mismas trabas legales impiden la electrificación de Calero.
Un grupo de 17 familias sí posee un servicio de paneles solares del ICE, pero estos no son iniciativa del Gobierno sino de una iglesia evangélica. El resto de los pobladores espera que se les atienda de forma similar.
A pesar del abandono, en el papel, Calero figura como zona de máxima atención por parte del Poder Ejecutivo, luego de que, en noviembre del 2010, Chinchilla denunciara ante la Corte Internacional de Justicia de la La Haya la invasión y el daño ambiental provocados por Nicaragua.
Según la queja, miembros del Ejército de Nicaragua penetraron ilegalmente en isla Calero en medio de las labores de dragado del río San Juan, encargadas por el gobierno de Daniel Ortega al exguerrillero Edén Pastora.
El 7 de marzo del 2011, el decreto 36440-MP declaró el conflicto como emergencia nacional, con el fin de asignar recursos y realizar obras que, a la postre, están inconclusas, como la trocha fronteriza 1856.
La norma autoriza al Poder Ejecutivo a repeler acciones del Gobierno nicaragüense “contra la vida, la integridad física y los bienes de quienes se encuentran en el territorio nacional”.
Desde entonces, el Ministerio de Seguridad Pública ha destinado más efectivos a la zona y se elaboró una estrategia de defensa iniciada por el entonces jerarca José María Tijerino, la cual se ha mantenido hasta la actualidad.
¿Cuánto se ha gasto en esta emergencia? Hasta ahora no hay un dato claro.
La Cancillería no facilitó el monto sobre lo que se ha invertido en abogados internacionales para defender Calero, y en el Ministerio de Transportes, lo único que se conoce hasta ahora es que se presupuestaron ¢23.000 millones para las obras de emergencia en la trocha.
El dinero provino de la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, debido a las anomalías detectadas en la ejecución de las obras –actualmente bajo investigación judicial–, no hay datos de lo invertido.
Tampoco se obtuvo información sobre los costos en materia de seguridad porque el titular, Celso Gamboa, no respondió a las llamadas hechas para hablar del tema.
Entretanto, los habitantes de Calero, donde empezó todo, siguen olvidados en medio de las aguas turbias y llenas de cocodrilos de los ríos San Juan y Colorado.