El día había empezado como cualquier otro para el equipo de seis funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo que buscaban ubicarse, entre las fincas sembradas de arroz, en la difusa frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Poco después de las 2 p.m. del martes habían llegado al fronterizo pueblo México, de Upala, como parte de una barrida ambiental que realizaban para verificar daños ambientales provocados por las plantaciones de arroz y piña de la zona.
El equipo se había dividido y los dos Mitsubishi Montero en que se trasladaban avanzaban despacio, ironías aparte, buscando su norte.
Sin embargo, la señal GPS del celular del ingeniero Jorge Bonilla empezó a fallar. Los dos carros doble tracción con placas del gobierno se detuvieron en medio de un lugar indeterminado.
En los vehículos, además de Bonilla, iban el juez José Luis Vargas Mejía; el abogado y exministro de Turismo Allan Flores; la biotecnóloga Gabriela Nájera; el biólogo Juan Sánchez; y el chofer Erick Sánchez.
Ninguno sabía dónde estaba la línea fronteriza, ni la línea de la finca que buscaban. Los potreros se confundías con los arrozales. Estaban perdidos. Era solo cuestión de minutos para que el ejército de Nicaragua los detuviera.
Seguían buscando la entrada de la finca para seguir con su trabajo cuando una pareja salió de la curva más cercana.
“Sabíamos que estábamos cerca y nos dieron señas”, dijo ayer Bonilla a La Nación.
Cuando avanzaron llegaron hasta una pequeña soda. Se volvieron a detener para preguntar por la entrada de la finca y en eso estaban cuando dos oficiales del ejército de Nicaragua salieron y los apuntaron.
“Nos dijeron que les diéramos las llaves de los carros, que estábamos en territorio nicaragüense, que el mojón estaba atrás, pero estaba en un charral que jamás se podrá ver”, recuerda Bonilla.
La invisible línea fronteriza les había jugado una mala pasada. La ausencia de policía costarricense en la zona también. En ese punto no sabían en realidad que se habían pasado 650 metros de la división entre ambos países.
Bonilla afirma que en ese momento el trato fue tosco. Que a pesar de que iban en carros rotulados y de que trataron de convencer a los militares de que había sido un error involuntario, que tranquilos y que se devolverían sobre lo andado, no hubo forma de hacerlos cambiar de posición.
Legalmente tenían toda la potestad de detener a los seis ambientalistas, y así lo hicieron.
“Eran soldados", dice Bonilla. "El jefe de ellos se presentó como el teniente José Antonio Sandoval, unos treinta y pocos años”.
Sandoval llamó por radio a su jefe. “Aparentemente era un teniente, que llegó con aires de prepotencia y nos dijo que estábamos detenidos, que se iba a llevar los vehículos”, relató Bonilla.
Luego los llevaron a un lugar llamado Papaturro, siempre en suelo nicaragüense. Dejaron los vehículos y los reportaron en una oficina aduanal.
Los subieron al cajón de un pick up y los llevaron unos cuatro kilómetros a lo interno de Nicaragua.
“Eran unas instalaciones sin electricidad, yo diría que nuevas, pero estuvimos todas esas horas sentados en un corredor. Para hacer una necesidad, había que ir a una cerca. No nos dejaban salir a la calle. Nos entrevistaron, nos pidieron la cédula, explicamos que estábamos en una labor de trabajo, que éramos miembros del Tribunal Ambiental. Nos tomaron una foto a cada uno, luego una foto grupal”, relata Bonilla.
Después de esta revisión de documentos hubo un poco más de respeto. "Definitivamente no tuvimos ningún trato prioritario, ni agua nos dieron, hasta que nos informaron que nos iban a ayudar”, recuerda el funcionario.
En paralelo, las autoridades nicaragüense ya se habían comunicado con la Cancillería de Costa Rica, que hervía de actividad previo a la recepción del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. Aún así, se iniciaron los movimientos para sacar a los asustados funcionarios de allí.
Aunque en principio la oficina de prensa del Tribunal Ambiental trató de minimizar la situación, ayer, en un comunicado de prensa, explicaron que “se estableció contacto entre ambos gobiernos, con apoyo de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad Pública, por lo que se tuvo certeza de que el mismo día serían devueltos a Costa Rica”.
Luego de ocho horas de espera en el corredor del puesto, los funcionarios fueron avisados de que serían puestos en libertad. A eso de las 11 de la noche fueron trasladados al puesto fronterizo más cercano, donde fueron recibidos por miembros de la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el presidente del Tribunal Ambiental, José Lino Chaves.
La falta de pericia para transitar por la zona, sumada a la ausencia de señalización en la ya de por sí conflictiva frontera con Nicaragua, quedó ahora como una anécdota amarga.
Ayer los funcionarios retomaron sus labores. Una barrida ambiental de la cual Chaves espera sacar réditos para detener la destrucción de humedales en la Zona Norte.
Todo terminó bien en un día que había empezado como cualquier otro.