Buenos Aires, Puntarenas. Indígenas y finqueros de Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, culparon ayer al Gobierno de enervar la violencia entre vecinos de esa zona, en la disputa por la tenencia de tierras.
Los lugareños afirmaron, en una audiencia pública con diputados de la provincia, que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, divide a la población al reunirse solo con un grupo de indígenas, sin consultar el criterio de otros.
La incertidumbre entre la población provocó disparos, pedradas, insultos y quema de ranchos en junio y diciembre del año pasado, sin que el Gobierno garantice una vigilancia diaria con la Fuerza Pública ni levante el censo de viviendas.
Estas fueron las promesas de julio para asegurar el cumplimiento de la ley de 1977 que respalda el uso de las tierras indígenas por parte de los nativos.
Eso sí, antes debían resolver la situación de los no indígenas que alegan derechos sobre las fincas.
“Hay un mal manejo del Gobierno. Han sido irresponsables y han marcado crudas diferencias entre indígenas y finqueros”, manifestó el indígena Pablo Sibar, durante la audiencia que se celebró ayer en el salón comunal de Buenos Aires.
En la reunión, unos 200 pobladores apoyaron con aplausos y gritos la solicitud de que la Presidencia retire a la viceministra Zúñiga como mediadora.
“La actuación de la viceministra es inválida. Ella llegó a Salitre con una visión parcializada. Solo apoya a un grupo y queremos que el Gobierno asigne a otro interlocutor que busque la paz”, dijo Ulises Ramírez, vecino de Salitre.
La viceministra Zúñiga visitó Salitre el miércoles y jueves, para presentar a un equipo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) que elaborará un informe.
“Se ha hecho todo lo posible, pero ha habido complicaciones en materia de seguridad (…). Nuestra intención es reafirmar que el mecanismo de recuperación es mediante el diálogo, la paz y el respeto a los derechos humanos”, expresó Zúñiga, mediante un comunicado.
En ese intento, manifestó, se elaborará un estado situacional de las tierras, que no es necesariamente un censo. Pare realizar esa labor, se contará con la ayuda técnica del Catie.
Evaluación. Los diputados Gerardo Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana; Olivier Jiménez, del Partido Liberación Nacional; Laura Garro y Marlene Madrigal, del Partido Acción Ciudadana, se comprometieron a entregar, en un mes, un informe sobre el estado de situación y las acciones por tomar.
Vargas insistió en utilizar el superávit de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para expropiar a los “poseedores de buena fe” que habitan en el territorio indígena bribri.
“No se deben perpetuar las diferencias entre hermanos. El Gobierno ha firmado acuerdos, pero no los cumple. Que utilicen unos ¢5.000 millones de Judesur”, dijo el diputado socialcristiano.
Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han recuperado el 75% de sus fincas.