El Poder Ejecutivo envió a la Sala IV sus argumentos sobre la legalidad del nombramiento de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.
Casa Presidencial presentó una respuesta ante el recurso de amparo contra la designación de Jiménez, con lo que cumple con lo señalado por el órgano constitucional.
Una semana atrás los magistrados de la Sala admitieron para estudio el recurso de un ciudadano de apellido Orozco, quien cuestiona que Jiménez fuese designado ministro pese a su condición de obispo de la iglesia Luterana.
Según Orozco, el nombramiento de Jiménez incumple con el artículo 142 de la Constitución Política, que señala como requisito para alcanzar el puesto de ministro, ser del estado seglar. Esto quiere decir, que no forma parte de la jerarquía de la iglesia.
Sin embargo, a criterio de Jiménez, su nombramiento está en regla, pues los miembros de la iglesia Luterana son vistos por el Estado como ciudadanos seglares.
En Costa Rica, la iglesia oficial es la Católica, y a criterio de Jiménez, es sobre esta denominación religiosa que recae la prohibición.
Esta posición es compartida por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
El 14 de mayo Jiménez dijo que tiene una "dispensa" de la iglesia Luterana para no ejercer como obispo mientras ostente su cargo de ministro de la Presidencia.