La Defensoría de los Habitantes presentó este jueves una gestión ante la Sala IV para que se declare insconstitucional la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y cese su funcionamiento.
Entre estos señala la falta de garantía para la protección de los derechos humanos y de mecanismos de supervisión de las labores que ejecuta esa oficina.
La acción de inconstitucionalidad, informó la Defensoría, se interpuso contra los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de La Ley General de Policía, sustento de la DIS, a cargo de Mariano Figueres.
Esos artículos, sostiene, "son insuficientes y sufren de vacíos en cuanto a garantías a los derechos de las personas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de la población".
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La acción de inconstitucionalidad le recuerda a los magistrados de la Sala IV que, históricamente, los servicios de inteligencia alrededor del mundo han sido responsables de "graves violaciones a los derechos humanos".
Los controles para evitarlos, asegura la defensoría, están ausentes de la ley que regula a esa Dirección.
Este vacío, asegura el ente defensor, sumado al hermetismo bajo el cual labora el órgano y a la amplitud de funciones que se le asignan, "representa un riesgo para los derechos humanos de las y los habitantes, quienes podrían ser eventuales víctimas de abusos y violaciones a sus derechos".
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"Existe una gran confusión y desconocimiento público en torno a las actividades de la DIS y de la inteligencia para la seguridad nacional. La inteligencia es necesaria para cualquier policía, particularmente para enfrentar los enormes retos de seguridad que tiene el país, y es necesario que no se desvíen esfuerzos en un órgano difuso, sin controles, sino más bien que se destinen a investigaciones eficaces por parte de órganos constitucionalmente respaldados para ello", afirmó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
La Ley, agrega esa institución, no define claramente el mandato y el rango de acción de esa policía y crea "incerteza jurídica", poniendo en riesgo el principio de legalidad y la división de poderes.
Por medio de la oficina de prensa de la Presidencia de la República, Mariano Figueres, director de la DIS, informó de que no han sido notificados oficialmente por la Sala.
"(...) en todo caso, desde el inicio de este Gobierno hemos reiterado la necesidad de dotar a la DIS de un marco normativo moderno, democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, y por ello, se ha promovido el proyecto de la Ley DIEN (expediente 19346), proyecto que se ha construido con el aporte de ocho de las fracciones presentes en la Asamblea Legislativa".