El Poder Judicial está lejos de cumplir con la rebaja de ¢20.000 millones que pidió el diputado Ottón Solís para el presupuesto del próximo año.
Tan lejos está que algunos magistrados incluso retaron ayer en sesión de Corte Plena a que sean los diputados los que se ocupen del recorte; eso sí, luego de conocer la realidad operativa de este poder de la República.
Dos semanas atrás, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís envió una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarella Villanueva, en la que le exhortaba a reducir en ¢20.000 millones el presupuesto, que para el 2015 es de ¢403.000 millones.
Luego de una semana de estira y encoge, los magistrados y técnicos presupuestarios del Poder Judicial rechazaron la petición del legislador, que reclama el crecimiento del 14,6% en el plan de gastos del sistema de justicia.
Por el contrario, el recorte no alcanzaría siquiera la mitad de lo que pidió Solís, pese a que la semana anterior habían llegado a un acuerdo para reducir su presupuesto en ¢11.000 millones. Analiza dejarlo en ¢5.000 millones.
Simplemente, los magistrados dieron evidentes muestras de cansancio ante la presión legislativa que se ejerce en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la cual tramita el Presupuesto Nacional para el 2015.
La presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, dijo que la reducción implicaría afectar servicios a víctimas de violencia doméstica e indígenas. Además, desechó la idea de eliminar el plan de becas de maestría en la Universidad Nacional para 19 funcionarios, el cual tiene un costo de ¢708 millones y que estaba en la lista de elementos a pasar por la tijera.
Algunos magistrados fueron más allá, y echaron tierra sobre su propio esfuerzo de frenar la apertura de 132 plazas que habían acordado la semana anterior.
Por el contrario, no solo se alentaron entre ellos para revivir las 132 plazas, sino que mantienen 57 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Juego político. Los altos jueces consideran que desde la Asamblea Legislativa hay sectores que buscan trasladar la presión del déficit fiscal al Poder Judicial, sin tomar en cuenta el hecho de que los apuros contables del Gobierno no se solucionarán con el recorte pedido por el diputado oficialista.
“Esto nos pone en un conflicto, porque nos pone a pelear entre nosotros”, señaló , por su parte, el magistrado José Manuel Arroyo.
El déficit, proyectado en un 6% para el próximo año, tiene al gobierno de Luis Guillermo Solís en apuros, más visibles luego de que la firma calificadora de riesgo Moody’s rebajara la calificación de los bonos del Gobierno.
“¿Hasta dónde estamos dispuestos a entrar en la lógica de esa propuesta política y si conviene que nosotros empecemos a codearnos para ver qué logramos (rebajar?)”, dijo Arroyo.
“Con todo el respeto para el Poder Legislativo: que lo hagan ellos, no nosotros, porque ya lo discutimos, lo planificamos. ¿Por qué no pueden ser ¢20.000 millones en lugar de ¢40.000 (millones)?”, dijo el magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz.