La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregó este jueves copia de las últimas planillas de varias entidades públicas reportadas al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), a pedido de La Nación y en términos ordenados por la Sala Constitucional en cuestión de acceso a información pública.
Desde agosto pasado, este medio venía solicitando esa información a la CCSS. A inicios de mes se reiteró el pedido, pero la entidad indicó que cobraría ¢50.000 por dar los datos, a pesar de sentencias de la Sala IV que ratifican que el acceso a ese tipo de registros, como los de planillas, es “libre y gratuito”.
Finalmente, a las 11:02 a. m. de este jueves, un funcionario del Sicere remitió por correo las copias de las planillas, reportadas en diciembre a esa plataforma, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y por la propia CCSS.
Esto sucede luego de que el Ministerio Público abriera una investigación contra la Caja para determinar si la institución incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad al negar información pública.
El Código Penal establece que se impondrá prisión de hasta tres años a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden dictada por un órgano jurisdiccional (como la Sala Constitucional), o por un funcionario público en el ejercicio de su función.
Peligrosidad. La magistrada constitucional Nancy Hernández recordó que, pese al alto nivel de acatamiento de las sentencias de ese tribunal, existe un porcentaje mínimo de resistencia a su cumplimiento.
“Esto es muy peligroso para la institucionalidad costarricense; que la Constitución Política llegara a perder su fuerza normativa y se redujera solo a un pedazo de papel”, señaló Hernández.
La magistrada celebró que el Ministerio Público ahora sí haga de este tema una prioridad, “pues no siempre ha sido así”, alegó.
“La mayor cantidad de amparos que recibe la Sala son solicitudes de acceso a información y derechos de petición. Esto revela cierta cultura de resistencia que aumenta pese a la claridad de la jurisprudencia”, precisó.
Su colega en la Sala, el magistrado Luis Fernando Salazar, espera de la Administración Pública “un cumplimiento inmediato de las sentencias”.
Cuando ese cumplimiento no puede ser inmediato por alguna razón, la parte que ha incumplido debe gestionar una solicitud del plazo de cumplimiento, dijo Salazar, al indicar que, hasta donde se ha enterado, la Sala no tiene en ningún expediente una solicitud expresa de la CCSS que explique por qué incumple las sentencias.
“Creo que esas razones podrían ser injustificadas en el tanto no lo ha hecho valer ante la Sala. Pareciera que la Caja ha estado obstruyendo el cumplimiento de esas sentencias. Será ahora en la sede penal donde las deberá justificar”, concluyó Salazar.